La economía de Ecuador crecerá en un raquítico 2,2% en 2022 y apenas en 1,9% en 2023, según un reciente análisis publicado por uno de los mayores bancos internacionales. Si se tiene en cuenta que por la pandemia en 2020 se contrajo la economía en -7,8%, se confirma que el país, hasta 2024, no habrá podido siquiera recuperar los niveles de 2019. Como la población aumenta año a año, se produce un empobrecimiento generalizado. Hay menos torta a repartir entre más gente.
Las exportaciones privadas, especialmente el camarón, son las que más han contribuido al crecimiento de PIB en este año. La reducción de la inversión y el consumo del gobierno en -13,6% y -4,6%, respectivamente, explican en buena parte el pobre desarrollo. Los costos de las protestas de junio -que el análisis estima en 1 100 millones de dólares- son también causantes del mal desempeño económico. Es hora de preguntarse quién responde por esas pérdidas que afectan a toda la población, especialmente a la de ingresos bajos. ¿Otra inicua amnistía como la que dejó en la impunidad a los actores de octubre de 2019?
La falta de reformas estructurales juega papel sustancial en este lento e insuficiente crecimiento de la economía, anota también el informe. Pero para lograrlas (es evidente la urgente necesidad de la reforma laboral, la eliminación de las cada vez mayores trabas burocráticas y la mejor calidad y honestidad de los jueces y tribunales) es fundamental una mejora radical de la actuación del gobierno y un mínimo de capacidad y patriotismo en los asambleístas y dirigentes políticos y gremiales. La Nación no puede seguir soportando que la Asamblea y sus capitostes se dediquen a satisfacer intereses políticos y personales a base de zapadas y componendas, ni que un grupo social minoritario, pero con gran poder para crear el caos, pretenda gobernar por encima de las autoridades elegidas democráticamente.