Como el Fondo de Cesantía de la UNE iba bien, le pasaron al BIESS; como el SOAT dejó réditos, lo trasladaron al Estado; como los empleados de la telefonía móvil lograban buenas utilidades, las redujeron a la mínima expresión; como la gestión de la UASB y de la Flacso era exitosa, les retiraron las asignaciones; como el banquero candidato lograba apoyo, redujeron las ganancias de la banca. Parecería que el común denominador para afectarlos es que sean exitosos o que se encuentren en la oposición. La justificación es el supuesto beneficio del “soberano”.
Ahora el turno les tocó a las aseguradoras de salud, con lo que se perjudicaría a miles de usuarios. Quienes no encuentran una respuesta a sus males en el sector público, escogen de manera libre y voluntaria un sistema privado de cobertura por la rapidez para el acceso y por los altos costos de la atención, muy difíciles de cubrir en tiempos de “no crisis”. Guardando las distancias, hoy en día pocos se animan a manejar un auto sin un seguro y escogen su póliza en base a la cobertura y al costo. En la salud no podemos correr riesgos. Es obvio que deben existir controles para evitar abusos, sin embargo ya vivimos una fatal experiencia cuando se trasladó al IESS la responsabilidad de atender a los niños, a los adolescentes y a los pacientes con enfermedades catastróficas: el seguro de salud colapsó, pero “solucionaron” el problema con los recursos del seguro de pensiones.
El Estado se ha ahorrado mucho, pero ha puesto en riesgo las pensiones de jubilación, además, les retiró el aporte obligatorio del 40%. Ahora trasladaría a las aseguradoras la responsabilidad de cubrir patologías costosas, con lo que no hay que ser muy pilas para vislumbrar su futuro. Un comercial foráneo resalta con toda lógica: “Es mejor tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”. Parecería que Solca también está en la mira de los cambios revolucionarios.