Es loable la intención del Gobierno a través del Consejo de la Judicatura pretender reestructurar la Función Judicial, sin embargo, deberían al designar encargados temporales ser más cuidadosos en la selección de quienes van regir justicia.
En los últimos días he empezado a recibir providencias dictadas en varios procesos y en algunos casos es por demás lamentable su contenido dejando entrever que han sido dictadas por personas que no tienen ni conocimiento sobre la sustanciación de una causa.
Es así que un juez mediante oficio solicita a otro se confieran copias certificadas de un expediente, y este último en lugar de hacerlo, manda a que la otra parte se pronuncie, con lo cual queda en evidencia su falta de experiencia y conocimiento. En otro caso y más sorprendente aún, el juez de primera instancia en lugar de ejecutar la sentencia decide devolver el proceso a la Corte Nacional de Justicia ya que según su criterio no es claro cuál es el voto de mayoría y cuál es el voto salvado.
Como se puede apreciar de estos ejemplos y tantos otros casos que deben existir, al momento los abogados y ciudadanos nos encontramos a la buena de Dios y con los principios constitucionales de celeridad, motivación o fundamentación mandados al traste.