Es sumamente preocupante el proyecto de Ley Religiosa que con el nombre de Ley Orgánica de Profesión Religiosa y Ética Laica ha sido preparada por
un diplomático de carrera. (EL COMERCIO, agosto 19, 2011) con el deseo quizá de que eventualmente se convierta en Ley. Uno de los aspectos que más se destaca es la prohibición de que se realicen manifestaciones religiosas en lugares públicos, lo cual tácitamente eliminaría las procesiones. Bien valdría que el autor de este proyecto piense en las consecuencias impredecibles que implicaría el impedir la realización de una procesión como la de la Virgen de El Cisne en Loja, que se celebra cada año y convoca a cientos de miles de fieles de todas partes del país. Lo mismo sucedería con la procesión de Jesús del Gran Poder en Quito, la de San Jacinto en Guayas y otras. Estos son actos religiosos que están profundamente arraigados en el pueblo católico y sería prácticamente imposible y sumamente peligroso tratar de eliminarlos mediante una ley antipopular. Que desde ya está condenada al repudio de todo ciudadano pensante. Este proyecto de ley además trata de normar, regular y prácticamente prohibir la enseñanza religiosa. Lo que debería hacer es establecer la obligatoriedad de que en todos los planteles públicos y privados se dicten clases de moral, que buena falta hace. A los jóvenes actuales, con las debidas excepciones, para quienes lo bueno es bueno y lo malo también es bueno.