2 de octubre de 2020 00:00

Ley de Extinción del dominio y la responsabilidad histórica de Asamblea y Ejecutivo

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Francisco Santiago Medina Barahona

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Hoy en que la “lucha contra la corrupción en nuestro país” es la muletilla del discurso oficial, de asambleístas, de políticos en el poder o aspirantes a él, de líderes sociales, de empresarios y posiblemente de muchos corruptos que, sin pudor y vergüenza alguna, también lo dirán; se presenta la oportunidad histórica para nuestro país, para nuestra sociedad, de pasar del discurso retórico a acciones concretas en la lucha contra la corrupción y de la recuperación de lo robado.

El proyecto de Ley de Extinción del Dominio; que permitirá a la Fiscalía General del Estado perseguir los patrimonios ilícitamente obtenidos o no justificado en el país y en el exterior; proyecto cuyo origen data de aproximadamente 2 décadas atrás, y de al menos una docena de proyectos o propuestas de acciones anticorrupción, presentadas en los últimos 3 años han estado guardados en el escritorio de quienes pregonan ser el primer poder del Estado y respecto del cual no ha habido la “voluntad política” para tratarla con la agilidad y responsabilidad que amerita, por fin está siendo discutido por parte de la Asamblea Nacional.

Si bien sabemos que la corrupción no es un fenómeno social, ético, económico característico de estas dos últimas décadas, ella posiblemente estuvo presente desde que nació nuestro Estado. Nuestra historia republicana nos proporciona mucha información al respecto; sin embargo, el nivel de corrupción al que ha llegado nuestra sociedad y nuestro Estado en estas dos últimas décadas, no creo tenga parangón alguno. Enumerar los actos de corrupción sería una lista interminable. Algo se está haciendo al respecto, pero es tan poco frente a todo lo que se ha denunciado, que haya sido investigado, judicializado y que ha concluido en sentencias, y cuyos responsables estén cumpliendo condena. Igual suerte o peor ha corrido la recuperación de esos ingentes recursos que se los ha robado al Estado ecuatoriano, que nos han robado a todos. Lo recuperado es tan insignificante comparado con los 35 000 millones de dólares que le han robado al país, dato estimado por la Comisión Cívica Anticorrupción. 

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