En 2008, con la promulgación de una nueva Constitución que incorporaba dos nuevos poderes, el Ecuador entero sería testigo del inicio de un proyecto político perverso. Mediante el discurso de la democracia y la participación ciudadana como base fundamental del Estado se estableció la función de Transparencia y Control Social. Este nuevo poder se propuso dentro de la Constituyente con la finalidad de retirar la potestad nominativa de los órganos de control a la Asamblea Nacional y establecer un nuevo formato para fortalecer la participación y el control político. Dentro de esta novedosa función se presentó al Cpccs como el órgano competente para la designación de la primera autoridad de todos los órganos de control, vocales del Consejo de la Judicatura, autoridades de la Función Electoral, entre otro tipo de funcionarios.
Sin embargo, a pesar de que muchos consideraban una buena alternativa para brindar mayor transparencia al control político, las intenciones nunca fueron buenas. El objetivo era claro, presentar un nuevo órgano con potestad nominativa para poder hacerse con el control de las instituciones estatales más importantes. De esta forma, se volvería más sencillo ejecutar todo tipo de políticas plagadas de corrupción, autoritarismo e impunidad. El principal órgano de control en lo que respecta al uso de recursos públicos es la Contraloría, que brilló por su ausencia durante el gobierno correísta. Algo similar sucedió con la Defensoría del Pueblo, nunca se manifestaron ante la corrupción y vulneración de DD.HH. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura, encargado de la designación de jueces se dedicó a colocar personas que fallaban constantemente a favor del gobierno de turno. Ni hablar de la Función Electoral, criticada por la falta de transparencia en las elecciones del 2017.
La evidencia es palpable, el Cpccs nunca representó una buena intención para la participación ciudadana y el control político. Solamente fue una pantalla de humo para lograr establecer un órgano que pueda entregarle todo el poder al gobierno. Es momento de deshacerse de esta institución para fortalecer la democracia y el estado de derecho. Caso contrario, podría seguir siendo utilizado para concentrar el poder, así como lo hizo el correísmo para gobernar sin ningún tipo de control.