15 de febrero de 2021 00:00

El voto obligatorio

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Luis Antonio Zurita Avalos

El derecho al voto más que un derecho político se ha transformado en un deber, puesto que se constituye como el único derecho que se obliga a ejecutarlo so pena de una sanción pecuniaria, para ejercer los demás derechos que garantiza la Constitución, muchas veces es necesario recurrir a las garantías jurisdiccionales para que los operadores de justicia en vía judicial aseguren su reconocimiento y ejecución, pero este derecho posee un trato especial puesto que es el único por el cual el Estado ejerce su facultad coercitiva para sancionar a quien no lo ejerce.

Es por ello que debemos preguntarnos ¿Por qué ejercer este derecho se constituye en una obligación imperativa por parte del Estado?, las razones para justificarlo pueden ser varias y muy variadas como el fomento a la democracia, la legitimación de los procesos electorales, etc. Pero sin duda la única razón es que esta obligación ha permitido captar y mantener en el poder a cualquier actor político cualquiera sea su perfil, puesto que esta obligación ha devenido en una incertidumbre electoral ya que lejos de permitir que el poder lo ostenten los cuadros políticos más capacitados con las mejores propuestas y planes de gobiernos ha permitido que el poder recaiga sobre los cuadros más populares como en innumerables ocasiones lo ha demostrado la elección para cargos de representación popular de figuras televisivas, futbolísticas o artísticas que nada tienen que ver con la coyuntura política nacional.

Otra consecuencia que ha devenido de constituir al voto más que en un derecho en una obligación, es que permite el surgimiento y fortalecimiento de figuras caudillistas y populistas que tanto daño han hecho a la región y al país, puesto que al ser el voto una obligación y no un derecho muchos sectores de la población no lo ejercer de manera informada, lo hacen para evitar la sanción pecuniaria y obtener el certificado de votación que dicho sea de paso se ha transformado en un requisito esencial para cualquier trámite burocrático en instituciones públicas y privadas, es por ello que transformar al voto en una obligación y no en un derecho se constituye como un atentado a la democracia, ya que obliga en este caso en particular a los ecuatorianos a elegir a cuadros políticos que no lo quieren hacer muestra de ello es el marcado ausentismo de estas últimas elecciones, pero sobre todo se coarta la posibilidad de ejercer este derecho de manera informada. 

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