El Código de la Democracia, remozado en febrero de este año, dejó claros los impedimentos que deben tener en cuenta los candidatos, entre los más obvios, no tener problemas con la justicia. Pero esto genera un inconveniente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene que verificar si todo lo que presentan los postulantes corresponde a la verdad.
Al menos eso esperarían los ciudadanos.
Sin embargo, en un reportaje, publicado por este Diario el pasado martes, se muestra que hay algunas herramientas que el CNE utiliza para verificar esta información: se cruzan datos con el Consejo Nacional de la Judicatura, pero que no alcanzan ante la avalancha de información de 4 280 candidatos que aceptaron las postulaciones tras los procesos de elecciones primarias.
¿Entonces qué es lo que se privilegia? La buena fe de la información entregada por los candidatos. Algo esencial, pero que tiene una cadena de consecuencias legales si se llegan a detectar inconsistencias. Hay que recordar que el país recién sale de una etapa en donde los errores de buena fe eran eso, simples errores o una forma de zafarse de las responsabilidades, éticas, administrativas e incluso penales.
Es obvio que si hubiera problemas con los documentos presentados, los candidatos pueden caer en dos posibles delitos: el perjurio y el uso de documento falso, cada uno delimitado en el Código Integral Penal (COIP) y castigado hasta con siete años de cárcel, si se demostrara el delito.
Es todo un sinsentido que la responsabilidad de la denuncia de anomalías quede en manos de las organizaciones políticas y no del CNE. Todo se puede convertir en un circo de dimes y diretes, de denuncias infladas por informaciones de poca confiabilidad y replicadas por robots y militantes que, por lo visto, a la vez actúan de la misma forma y con las mismas motivaciones: la sinrazón.
De toda esa maraña de documentos, ¿cuántos serán reales? No queda duda que elegir en estas elecciones del 2021 será una tarea difícil.