Poco a poco las organizaciones políticas van afinando las perspectivas para las elecciones del 2021, unas elecciones atípicas en las que los tiempos dispuestos constitucional y legalmente no están acordes con la realidad de la pandemia. Se viene el primer gran escollo a superar: las elecciones primarias.
Las primarias son procesos en los que las organizaciones políticas designan a sus candidatos. El Reglamento de Democracia Interna de las Organizaciones Políticas establece tres procedimientos, abiertas, cerradas y de representación. En la primera se establece que es una asamblea en la que puede participar cualquier ciudadano que esté en el padrón electoral del Conseja Nacional Electoral. En las cerradas, solo participan los afiliados a adherentes y en las representativas, van designados provinciales o zonales de los movimientos y partidos.
El problema de las primarias es que implican aglomeraciones, lo que es contraindicado en tiempos de pandemia. Recién la semana pasada las organizaciones políticas y el CNE empezaron a explorar posibilidades. Postulaciones por internet y flexibilidad de tiempos. Lo cierto es que deben hacer con un máximo de 60 días antes de que cierre el plazo de inscripción de candidatos, que tentativamente es el 23 de agosto.
De todas formas, el Reglamento podría cambiar. Uno de los cambios que debe ser transparentado es el de la aceptación de la candidatura. Hasta ahora es una diligencia “personalísima”, como establece esa normativa, es decir, que no se puede hacer vía telemática, sino solo ante un delegado del Consejo Nacional Electoral, en la misma primaria o posteriormente en una sede del CNE. El espíritu de la norma es claro: los prófugos de la justicia no pueden utilizar a las elecciones como un método de impunidad.
Si lo cambian, es posible que las primarias permitan candidatizarse a los prófugos de la justicia. De ahí que la sociedad civil debe estar atenta a cualquier argucia para que los corruptos no se beneficien de las elecciones.