La Asamblea Nacional juega un papel importante, más evidente que nunca, en algo que le afectará definitivamente al ecuatoriano de a pie: el enfrentamiento de las consecuencias de la emergencia sanitaria por el covid-19.
De ahí que seguir el trámite legislativo de las dos leyes urgentes, presentadas el pasado 16 de abril por el Ejecutivo, es importante. Primero, las posiciones se van matizando: el panorama de una debacle económica da para pensar si es posible apoyar las tesis de un Gobierno para sacar adelante a un país, incluso dejando a un lado rivalidades políticas y filosóficas confesas.
Es verdad que posiciones como las del Partido Social Cristiano (PSC) y las del propio correísmo suenan incólumes, pero ya en el tratamiento de la ley se ve que hay posiciones más aterrizadas en la realidad.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aporte de las empresas del 5% de las utilidades que superen USD 1 millón, el asambleísta César Rohón (PSC) ha advertido que se abstendrá de votar si lo recaudado no es considerado como un crédito tributario. Asimismo, Doris Soliz (correísta, a lo largo del debate en la Comisión de Desarrollo Económico, dejó sentado que si había un aporte solidario de los trabajadores, la base no debía ser USD 500, como propone el Ejecutivo, sino algo más alto.
Aquí viene el otro punto, la posición de los gremios de los trabajadores ha sido gravitante, tanto que en el informe de primer debate, la Comisión de Desarrollo Económico terminó incluyendo la tabla presentada por el Frente Unitario de Trabajadores, que dice que la contribución debe ser para los trabajadores que ganen a partir de los USD 720. Que la Asamblea no esté de acuerdo que bajar el 10% a los sueldos de los trabajadores públicos implica que los gremios no han perdido influencia.
De todas formas, la voluntad política de la Asamblea se moverá nuevamente con la antigua mayoría rota en enero pasado y se aseguran los votos en el Pleno. Así, parecería que los aportes solidarios son ineludibles.