La propuesta de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint (Conaie), de aplazar las elecciones si la crisis del covid-19 se agrava, no tuvo acogida dentro de los miembros de este organismo, como lo reportó ayer este Diario.
La negativa de los consejeros, incluido José Cabrera (PSC), quien siempre apoya las tesis y acciones de Atamaint, se basa en una voluntad política de que a pesar de la coyuntura, por la crisis sanitaria del coronavirus, hay un mandato constitucional que se debe cumplir, posesionar a un nuevo Presidente de la República y a los asambleístas, para cuyo caso ya el mismo CNE dio el primer paso hace 13 días al haber aprobado el cronograma electoral.
Aun así, con todos los imprevistos que emanan de una situación no vivida antes, como la de una pandemia de estas características, no estaría mal que el Pleno del CNE hiciera una reunión con el único objetivo de definir un plan de contingencia. Es urgente. Ahora, a muy pocos ciudadanos les importa si se aplazan las elecciones, o incluso si se cancelan. La atención está en la salud y en los efectos económicos de la pandemia.
De ahí que la realización de las elecciones esté prácticamente relegada a las acciones de los cinco consejeros del CNE. Será su responsabilidad, en el futuro, que se hayan previsto todas las situaciones legales, constitucionales y prácticas para que el próximo 24 de mayo del 2021 haya un parlamento con nuevos asambleístas y un presidente de la República elegidos democráticamente.
Quizá una salida sea revisar el cronograma electoral, reducir los pasos para la proclamación de las candidaturas. Está en sus manos, señores consejeros, ustedes tienen que aprobar los nuevos reglamentos para esos efectos. Pero sobre todo, tienen que aceptar los recortes del presupuesto de elecciones que ha ordenado el Presidente de la República, para invertir ese dinero en la salud de los ecuatorianos. Para paliar los efectos de una crisis vale ser prevenidos, no apocalípticos.