La Comisión Internacional de Lucha Contra la Corrupción, sin avances
El 13 de mayo del 2019, los comisionados internacionales participaron en un congreso anticorrupción, en Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Comenzó con un ofrecimiento de campaña en el 2017. Ya como presidente, Lenín Moreno hizo el anuncio por cadena nacional: “He decidido convocar a la comunidad mundial para crear la comisión internacional para luchar contra la corrupción”, señaló en febrero del 2019.
Luego de esta noticia, en mayo se firmó el Decreto Ejecutivo, se escogió a cinco expertos internacionales, se destinó USD 1 millón para que ejecutaran las operaciones y se logró el respaldo de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Sin embargo, el proyecto no avanza.
¿Por qué no ha caminado esta iniciativa? “Faltó voluntad política y capacidad de los funcionarios”, dice Claudia Escobar, consultora de Guatemala, quien fue invitada por el Gobierno ecuatoriano para que trabajara en estos temas.
Los demás comisionados eran Stacy De la Torre, exfiscal de los Estados Unidos; Nicolás Rodríguez-García, de España y experto en persecución de delitos de corrupción; Vladimir Aras, brasileño especialista en recuperación de activos; y Carlos Hernández, hondureño consultor en prevención de delitos.
Escobar recuerda que el mismo día en que el Presidente firmó el Decreto Ejecutivo para crear el grupo de trabajo se enteró de que formaba parte de este. “Fue todo muy precipitado, pero acepté porque nos dijeron que serían un organismo de la ONU e independiente del Gobierno”.
Según datos oficiales, cuando se anunció la creación del organismo internacional no existía ningún marco jurídico que les permitiera operar. En julio del 2019, los cinco juristas entregaron un estatuto que contenía los lineamientos para fortalecer las instituciones que combaten la corrupción. También se suscribió un acuerdo con la Fiscalía para que los expertos impartieran capacitaciones sobre la búsqueda de activos producto de la corrupción.
Para que el proyecto se ejecutara faltaba la firma de un acuerdo entre la Unodc y el Estado, que permitiría disponer del USD 1 millón.
Ese dinero serviría para pagar los honorarios de los comisionados y del personal que sería contratado, así como para cubrir las capacitaciones, implementos tecnológicos y logísticos. “Siempre que preguntamos, respondían que ya iban a suscribir el acuerdo. Nunca se lo hizo. Nunca se puso en práctica ni se cancelaron los honorarios de los integrantes. Nos llamaron, trabajamos y nos dejaron en el aire”, advierte Escobar.
De la Gasca fue secretario Anticorrupción hasta mayo del 2020. Según él, el proyecto se cayó luego del impase que tuvo esta entidad con la Fiscalía en enero de ese año y que precipitó la eliminación de la Secretaría Anticorrupción. “Hasta cuando estuve se logró un preacuerdo con la ONU. Viajamos a EE.UU. y ahí recibimos luz verde. Pero cuando se suprimió la entidad, el proyecto pasó a la Secretaría General de la Presidencia”.
Hoy los cinco comisionados analizan demandar al Estado, porque el tiempo que trabajaron no ha sido cancelado. Informaron que son USD
100 000 que corresponden a honorarios y un rubro adicional aún por cuantificar, que corresponde a viáticos.
Para elaborar el estatuto, los consultores hicieron cinco visitas a Quito y se entrevistaron con fiscales, abogados en libre ejercicio, jueces, policías, periodistas de investigación y miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), un organismo que fuera conformado en la sociedad civil.
El 16 de marzo del año pasado estaba previsto que arriben a la capital, pero ese día el Presidente declaró estado de excepción por la pandemia y desde entonces no hay fecha para una nueva visita. Este Diario solicitó información a la Presidencia de la República, pero desde el 20 de enero no hay una respuesta.