El Municipio y la empresa Reinberg se han lanzado acusaciones alrededor del uso y control de las vallas de señalización vial.
La confrontación se desató 48 horas después de que en la ciudad aparecieron mensajes en contra del Cabildo quiteño, sobre las vallas de señalización vial.
Ayer, a las 10:05, en una de las salas de un hotel de la ciudad, Luis Reinberg, presidente del Grupo Reinberg, denunció una pugna de intereses por el manejo y control de las vallas en el Distrito.
“Luego de que pegaron bandas en mis vallas (en febrero de este año), recibí la visita de Walter Oña, de Induvallas, en mi oficina. Me dijo que Induvallas apoyó con USD 600 000 para la campaña (de Augusto Barrera) y que les venda mi empresa, porque en cinco días, el Municipio tumbaría todas mis vallas ”.
El alcalde Barrera también convocó a una rueda de prensa, a las 10:30 de ayer, para dar a conocer su versión sobre el problema de las vallas. Fue enérgico al desmentir la acusación. “Es una falsedad absoluta. La Alcaldía no tiene convenio con nadie”.
En seguida anunció el inicio de acciones legales contra el Grupo Reinberg, por los mensajes pegados en las vallas. Y mostró un documento en el cual Ricardo Antón, ex director de la Agencia Nacional de Tránsito, informa al Grupo que no está interesado en renovar el convenio para administrar las vallas.
De su parte, Wagner Oña González, gerente de Induvallas, en un comunicado, rechazó categóricamente los comentarios vertidos en su contra. El conflicto que existe entre el Grupo Reinberg y la Municipalidad no debe salpicar a Induvallas, sino sujetarse a las normas técnicas y regulaciones que el Municipio ha generado para cada caso específico”.
Así, el problema entre Grupo Reinberg y el Municipio, que empezó en la anterior administración, se reactivó.
El Grupo Reinberg es una empresa que maneja la señalización vial en todo el país, excepto en Guayaquil. Su trabajo consiste en colocar la señalización en un lado de las vallas y publicidad privada en el otro. Lo ha hecho desde 28 años mediante convenios con la Dirección Nacional de Tránsito. Estos acuerdos se renovaban cada cinco años.
La parte técnica de los rótulos la manejaba la Dirección Nacional de Tránsito y Reinberg financiaba con los auspicios publicitarios.
Bajo esas condiciones se instalaron 177 vallas en Quito y, en todo el país, la empresa Reinberg, tienen 300 rótulos. Los de Quito tienen iluminación. Según Reinberg, 40 empresas pautaban en esos espacios. La publicidad en estos elementos costaba USD 8 700 anuales.
En la administración de Paco Moncayo se redactó una Ordenanza que facultaba al Cabildo el control y el cobro de tasas por las publicidades junto a la señalética vial. Fue la primera batalla legal entre las partes.
En marzo del 2009, la Corte Constitucional falló a favor de Reinberg y las ordenanzas que regulaban la publicidad exterior fueron derogadas.
En el 2009, el Grupo Reinberg firmó un nuevo convenio con la Comisión Nacional de Tránsito para la colocación de señalización vial, por dos años. En el caso de Quito, ese acuerdo estuvo vigente hasta marzo de este año. Eso lo confirmó ayer la Alcaldía.
En febrero de este año, el Municipio empezó con el control a los rótulos ubicados en la ciudad. El propósito es normar la colocación de los mismos, bajo parámetros técnicos que ayuden a reducir la contaminación visual.
Solo el Grupo Reinberg utiliza los parterres para colocar la estructura que soporta las vallas publicitarias. Las otras empresas deben buscar predios privados. El control de los rótulos también se amplió a los locales comerciales.
La Ordenanza 330, en vigencia
En la intersección de las avenidas Naciones Unidas y De los Shyris hay cuatro letreros tapados. Allí, hay anuncios junto a la señalización vial.
Según la Grupo Reinberg, el Municipio, a través de la Agencia Metropolitana de Control, advirtió a los anunciantes de esas vallas la posible multa de USD 5 280 por ser publicidad sujeta a control del Municipio.
Walter Enríquez Ulloa, de la Agencia Metropolitana de Control, dijo que la Ordenanza 330, aprobada en el 2010, señala una sanción a este tipo de publicidad en la vía pública.
Han sido intervenidas 50 vallas del Grupo Reinberg. “Hay una imposición de multas al Grupo por USD 200 000. Ya fueron cancelados USD 50 000.
¿Por qué ahora se dice que el proceso administrativo sancionador del Municipio es inconstitucional y el señor Reinberg cancela esa suma por multas?”, dijo Enríquez.
Este año, el Grupo Reinberg presentó un amparo en la Corte Constitucional en contra de la Ordenanza 330 (como en el 2009), que todavía está sin resolución.
Según Reinberg, el control que se realiza a estos elementos publicitarios está afectando la rentabilidad de la empresa. “En los últimos seis meses, nuestros clientes no han pautado publicidad por el lío jurídico con el Municipio”.