Tras dos reuniones iniciales sobre materia laboral entre el Gobierno y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), aún no hay acuerdos ni texto normativo sobre papel. Ambas partes se ratifican en que no cederán en sus planteamientos principales. El primero propone crear una nueva ley para quienes no tienen empleo; el segundo, por tener un solo Código Orgánico de Trabajo.
La primera reunión fue el 17 de marzo. En esa ocasión se definió la metodología del diálogo. El 5 de abril, los delegados intercambiaron observaciones conceptuales.
Los sindicalistas se enmarcaron en los temas de progresividad de derechos, según José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y parte del FUT. Plantea la jubilación patronal acumulativa para que una persona sume ese derecho al trabajar en distintas empresas y en 25 años acceda al beneficio. El empleador debe aportar al IESS el 10% de la remuneración mensual, desde el primer día de la relación laboral.
Otro planteamiento es que los sindicatos se conformen con 10 trabajadores; el Ejecutivo indica que debe ser a partir de 50. También hay diferencias sobre el desahucio, la indemnización por despido intempestivo y la distribución de las 40 horas laborales.
“Hemos ratificado nuestra postura de que exista la voluntad de discutir un solo Código Integral Laboral. El Gobierno ha planteado que su propuesta es una ley paralela”, reafirmó Villavicencio al advertir que, si el Ejecutivo no cede a tratar una sola ley, el FUT podría retirarse de la mesa de diálogo: “sin consenso, no tendría lógica”.
En mayo, se hará un comparativo del contenido de los dos proyectos y del Código de Trabajo vigente. El FUT intentará demostrar que “hay aspectos regresivos que violan convenios y la Constitución”, adelantó Edwin Bedoya, dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).
Hasta el momento no existe ningún acuerdo y si el Ejecutivo insiste “en su plan neoliberal, tendrá una respuesta en las calles”, aseguró Villavicencio.
Postura del Gobierno
El consejero presidencial Diego Ordóñez es el encargado de encabezar el diálogo. Dijo que ya hay una primera conclusión: no abordar temas relacionados al derecho colectivo del trabajo.
Para el funcionario, el Gobierno no cederá en su postura de crear una nueva ley que coexista con la vigente porque hay “abundantes razones”. Se necesita una normativa que “regule los contratos hacia el futuro, eso no pasa por una reforma al Código de Trabajo actual sino por establecer nuevos esquemas de contratación”.
Ordóñez aseguró que no habrá precarización laboral y cuestionó que el proyecto del FUT “hace inmanejable la contratación laboral y la generación de empleo”. Las 40 horas de trabajo podrán ser distribuidas hasta en seis jornadas semanales. “Falta largo trecho para pensar que alguien decida levantarse de la mesa”.
Arturo Moscoso, analista político, cree que “siempre será mejor contar con un Código laboral más flexible”. Pero cualquier reforma debe pasar por la Asamblea. Si se aprueba con apoyo de Unes, supuso que revelaría el supuesto pacto detrás de la excarcelación del exvicepresidente Jorge Glas.
Otro analista, Ronald Antón, señaló que el caso de Glas y lo laboral no se relacionan. Recordó que el Gobierno no tiene acuerdos solucionados con productores agrícolas; hay descontento de médicos despedidos que trabajaron en la pandemia, por lo que “puede venirse un boom de movilizaciones”.