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Derrumbar edificio de Escuela de Policía no será fácil

El presidente Guillermo Lasso dijo que el edificio denominado Castillo de Grayskull será demolido. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO

El presidente Guillermo Lasso anunció que se derrumbará el edificio denominado Castillo de Grayskull, una infraestructura de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, en Pusuquí, norte de Quito. Esa decisión en la práctica requiere de un informe técnico, según lo determina el Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público, de la Contraloría General del Estado. 

“Derrumbaremos este edificio y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial. Y este concepto es inspirado en el respeto a la mujer, seguro, sin tanta obscuridad”, refirió Lasso el 26 de septiembre desde los exteriores de ese predio. Esto debido al femicidio de María Belén Bernal, que se presume ocurrió en ese sitio, cuyo principal sospechoso es Germán C., esposo de la fallecida, actualmente prófugo de la justicia. 

Sin embargo, la decisión de Lasso implica un procedimiento. El Presidente puede dar una disposición de orden administrativo o político, pero pueden devenir responsabilidades porque “por principio constitucional los servidores públicos deben responder por el ejercicio de sus funciones”, advierte la excontralora subrogante Valentina Zárate

Explica que en el caso de que se derrumbe el edificio, la Contraloría posteriormente puede solicitar que se demuestre el procedimiento legal empleado. “Más grave todavía, si es que no había un procedimiento legal y se dio paso a eso, nos hace ver que hay una responsabilidad civil palpable”, sostiene. 

Zárate se basa en el artículo 79 del Reglamento de la Contraloría antes mencionado. Esa norma detalla los procedimientos que podrán realizarse para el egreso y baja de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubiera dejado de usarse. Entre los procedimientos se encuentra el de destrucción y baja. 

El artículo 80 habla de una inspección técnica de verificación de estado para determinar la existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos. El titular de la entidad u organismo, o su delegado, debe autorizar el correspondiente proceso de egreso o baja. Pero Zárate estima que derrumbar el edificio de la Policía correspondería al procedimiento de destrucción, que implica contar con un informe técnico previo

Rol de la Contraloría 

Lasso mencionó que derrumbar el edificio se haría efectivo cuando concluyan las investigaciones del caso. “Contraloría, con la sola declaración podría, si tiene a bien el Contralor, Carlos Riofrío, iniciar una verificación preliminar. Por presunción de hallazgo de una auditoría, en una fase previa. Pero también podría planificar una acción de control a futuro o no hacer nada y esperar una denuncia", señala la excontralora Zárate

“El Contralor es sujeto de control político. Si en un caso tan sonado, Contraloría no llegase a actuar de oficio o por una denuncia a petición de parte, le podrían llamar a la Asamblea Nacional”, añade. Precisó que la prioridad para atender el caso depende de la voluntad de Riofrío al modificar el plan de control para este año o el siguiente. 

Zárate cree que la Contraloría podría actuar en este momento de manera preventiva. Según el artículo 212 de la Constitución, “tiene la obligación de asesorar, no solo de controlar. En estas circunstancias, Contraloría podría tener un rol protagónico a través de una mirada preventiva; y no solamente sancionatoria posterior, esperando que echen abajo el edificio”.  

Anuncio de Lasso no es adecuado 

Carolina Andrade, politóloga y especialista en Seguridad Pública, argumenta tres razones por las que el anuncio de derrumbar el edificio no fue el más adecuado. 

La primera es que las investigaciones de Fiscalía se encuentran en curso y el anuncio muestra que se “está buscando encubrir, que no se desarrollen adecuadamente los procesos investigativos”. En otros países para esos espacios de violencia estatal no se ha buscado su destrucción, sino convertirlos en lugares de recordación de lo que se debe fortalecer. “Se puede dar otra connotación más simbólica a ese espacio”; y a nivel administrativo, fue un “anuncio muy abrupto sin pensar en las consecuencias”.

Resume que ese anuncio “no refleja una decisión fuerte, real, por parte del Presidente de abordar los temas de fondo, estructurales, del tema de la violencia contra las mujeres”. Resalta que algo oportuno pudo ser que se hable del presupuesto para acciones de prevención y acompañamiento a mujeres violentadas, así como la reforma institucional de la Policía Nacional y cómo ampliarlo al debate de la población. Lasso tocó este asunto este martes, antes de una reunión con sus Ministras en Carondelet. 

El Gobierno debe dar muestras de que se va a realizar un proceso de depuración y de fortalecer los mecanismos de transparencia en la Policía Nacional, concluye la experta. 


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