Ayer, en la reunión de los países miembros del Pacto de San José, tampoco hubo consenso para impulsar las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que Ecuador impulsa. Esto es el cambio de la sede de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), el financiamiento del Sistema y que todos los países del Hemisferio ratifiquen la Convención Americana de DD.HH.
En la resolución final de la cita, que se realizó en Uruguay, se dispuso “analizar las mejores alternativas” para “dimensionar las consecuencias y requisitos de un eventual cambio de sede”. México, Costa Rica, Panamá y Paraguay incluyeron una nota en el informe en la cual “se reservan su posición sobre los puntos contenidos en la Declaración hasta que sean examinados por los órganos competentes de la OEA”.
Sin embargo, el canciller Ricardo Patiño dijo que en la reunión “quedó claro que sí es posible hacer el cambio de sede ya que jurídicamente es viable”. Según explicó, las discusiones van hacia un consenso”.
Frente a la incertidumbre que aún existe por estos cambios, el Gobierno mantiene un plan b. Este es dejar el Sistema Interamericano de DD.HH.
Esta posibilidad ha sido anunciada por el Gobierno desde marzo del año pasado, cuando no logró pasar en la OEA las reformas a la CIDH. Desde entonces, el Régimen ha insistido en esta “alternativa” cada vez que se acercan encuentros regionales. En junio próximo se tocará el tema en la cita de Paraguay de la OEA.
Así se evidenció esta semana, cuando el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, habló del abandono.
Los riesgos de una salida El Sistema Interamericano de DD.HH. ha sido importante en el continente y en el Ecuador desde los años 40, porque ha vigilado que no se cometan violaciones a los derechos de los ciudadanos. Además, se ha constituido en la última instancia a la cual han acudido personas que han visto perjudicados sus derechos y no han obtenido respuesta en la justicia interna.
Por otro lado, la advertencia del Régimen implicaría dejar de lado una compleja arquitectura institucional, en donde una eventual salida de la CIDH, comprometería la presencia misma del Ecuador en la OEA.
La razón: la CIDH nació con ese organismo hemisférico. Ambas entidades se rigen por la llamada Carta de la OEA.
La CIDH es uno de los dos pilares del Sistema Interamericano, el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
La primera recibe las denuncias, las analiza y, de ser el caso, las envía a la Corte-IDH para que emita un fallo. También dicta medidas cautelares para detener procesos jurídicos en marcha dentro de un país.
El Gobierno ecuatoriano ha sido crítico con la Comisión mas no con la Corte-IDH, por lo que si quiere alejarse de ella, también lo haría de la OEA.
“Si eso pasa, seríamos los únicos fuera del bloque regional, porque incluso Cuba forma parte del él aunque no participe -por decisión propia- en las citas del grupo”, señala Pablo Albán, especialista en DD.HH.
Si ello sucede -dice- los afectados serían los ciudadanos, porque “se estaría eliminando la posibilidad de que exista un sistema que los proteja”.
Además, el jurista advierte que no hay mecanismos legales para dejar la OEA, porque la Constitución de Montecristi reconoce, respeta y se somete a los tratados internacionales. Además, la Carta de esa organización no establece esa opción.
La otra alternativa sería seguir los pasos de Venezuela que desconoció la Convención Americana de DD.HH. y con ello se alejó solamente de la Corte-IDH y de sus fallos. Sin embargo, la CIDH continúa vigilando a Venezuela.
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