Comisión del caso Encuentro convocará a Guillermo Lasso, ministros y gerentes de empresas públicas

La Comisión Multipartidista de la Asamblea convocó a Guillermo Lasso para el 13 de febrero. Foto: Flickr Asamblea

El presidente Guillermo Lasso, varios ministros y los gerentes de distintas empresas públicas serán llamados a comparecer a la Comisión Multipartidista de la Asamblea. Esto como parte de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción en las empresas eléctricas, denominada como el caso Encuentro por la Fiscalía.

Los siete delegados de las bancadas que participan de esta mesa sesionaron este viernes 27 de enero en modalidad virtual para aprobar el cronograma de trabajo. La meta es entregar un informe para resolución del Pleno hasta el 22 de febrero próximo con sus conclusiones y recomendaciones.

Las comparecencias arrancarán el próximo 1 de febrero. De acuerdo con la propuesta inicial de la presidenta de la Comisión, la correísta Viviana Veloz, serán invitados expertos en contratación pública, anticorrupción, y en temas eléctricos y petroleros, aunque no se especificó sus nombres.

Para el 2 serán convocados los gerentes de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), y las eléctricas Celec y Cnel. Constaba también el presidente Guillermo Lasso, pero por pedido de los comisionados Veloz accedió a diferir la convocatoria al Primer Mandatario para cuando finalicen las comparecencias, el 13 de febrero.

El 3 serán llamados Luis Verdesoto, exsecretario Anticorrupción; Xavier Vera, exministro de Energía; Fernando Santos, ministro de Energía; y los gerentes de Flopec y Petroecuador.

El 6 de febrero serán convocados el contralor subrogante, Carlos Riofrío; el secretario jurídico de la presidencia de la República, Fabián Pozo; y los titulares de la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe).

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el jefe de la Casa Militar y Anderson Boscán, del medio digital La Posta, serán llamados el 8 de febrero.

El 9 de febrero serán llamados el canciller Juan Carlos Holguín, la fiscal General, Diana Salazar. El 13 serán llamados Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, y Rubén Chérrez.

Debate y otros convocados

Rodrigo Fajardo, delegado de la Izquierda Democrática (ID), y el oficialista Gruber Zambrano pidieron que también sea llamado el operador externo de las eléctricas, Leonardo Cortázar, quien delató las supuestas irregularidades, y el asambleísta del correísmo Ronny Aleaga, uno de los aludidos por supuesto financiamiento a su campaña. "En la bancada no tenemos ningún problema con que Aleaga comparezca", afirmó Veloz.

Zambrano también intentó que sean convocados exfuncionarios de las empresas públicas desde 2016, lo que fue catalogado por Mireya Pazmiño, disidente de Pachakutik, como un intento de obstruir la investigación.

El oficialista también rechazó la decisión de convocar a Lasso y adujo que quienes deben responder son el exgerente de Emco, Hernán Luque, y los directorios de las empresas.

El socialcristiano Pedro Zapata reconoció que el Primer Mandatario solo está obligado a comparecer a la Asamblea para un juicio político o si se m aplica la figura de la muerte cruzada (anticipo de elecciones). "Que nos diga lo que sabe. Hay que dejar constancia que fue convocado", respondió el independiente Augusto Guamán.

En el debate, que tomó más de una hora, los asambleístas acordaron que también pedirán la comparecencia del secretario de la Administración Pública, Iván Correa,  y las autoridades de la Superintendencia de Bancos, Procuraduría General del Estado, Senplades, el exconsejero del Gobierno de Lenin Moreno, Santiago Cuesta; Diego Sánchez, contratista de Seguros Sucre, entre otros.

Otra investigación

A su vez, el Frente Parlamentario Anticorrupción, que lidera el asambleísta Fernando Villavicencio arrancó con una investigación paralela sobre esta trama.

Villavicencio indicó a la prensa que recibieron un audio donde "se escucha decir a los intermedios, en este caso a los lobistas, que son las compañías contratistas los que elaboran los términos de referencia", algo que tachó de muy grave porque esto es responsabilidad de las empresas públicas.


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