El Pleno de la Asamblea Nacional conoció el primer informe de la ley contra la economía criminal, este viernes 30 de mayo de 2025. Este proyecto, denominado Ley de Solidaridad Nacional, fue enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter urgente en materia económica.
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18 asambleístas, 12 del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), intervinieron en el debate del proyecto de ley. Los legisladores presentaron sus observaciones e hicieron sus sugerencias para ser incluidos en el proyecto.
Valentina Centeno (ADN), presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, mesa que conoció el proyecto de ley, fue la primera en intervenir.
Ella presentó el primer informe y destacó los pilares del proyecto económico urgente. Señaló que esta ley tiene dos enfoques: económico – tributario y penal.
En el enfoque económico destacó la importancia de participación de la empresa privada con donaciones e insumos a las fuerzas del orden. Por este respaldo a los policías y militares recibirán incentivos tributarios, dijo.
Los asambleístas que participaron en el debate y no pertenecen a ADN
Desde la bancada de la oposición, compuesta por los asambleístas de la Revolución Ciudadana, hubo tres intervenciones, la de David Arias, Diego Salas y Jahiren Noriega.
Noriega destacó que tanto su bancada como la oficialista ADN coinciden en la necesidad de devolver la seguridad a la ciudadanía y respaldar a las fuerzas policiales y militares. No obstante, calificó de “pobre” al proyecto económico urgente presentado por Daniel Noboa.
La última en participar fue la asambleísta de Pachakutik, Cecilia Baltazar. La legisladora subrayó la necesidad de propuestas legales que enfrenten con firmeza a la delincuencia organizada. Recalcó la urgencia de combatir la violencia armada, las extorsiones y los asesinatos que afectan a las comunidades en distintos territorios del país.
Sin embargo, Baltazar citó sentencias de la Corte Constitucional, que definen a la seguridad como un problema estructural que “no se resuelve únicamente equipando a las fuerzas del orden”. En ese contexto, consideró necesario realizar ajustes al proyecto económico urgente presentado por el Ejecutivo.
Además de ellos, participaron Pablo Jurado Moreno de Construye y Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano.
Tras finalizar este primer debate, las propuestas de los asambleístas serán incluidos en el proyecto ahora la comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa tiene cuatro días para presentar el informe para el segundo y definitivo debate.
Incentivos tributarios para fortalecer la seguridad
El proyecto busca incentivar al sector privado a colaborar con el sector público mediante donaciones dirigidas a la lucha contra la delincuencia organizada. A cambio, los aportantes recibirían beneficios como la reducción del Impuesto a la Renta.
En lo penal, se define quiénes integran un grupo armado interno y se establece el concepto de economías criminales. El enfoque apunta a afectar las estructuras financieras del crimen organizado.
Nuevas facultades para la UAFE
La Comisión señala que es esencial identificar y confiscar los bienes en poder de grupos delictivos. Para ello, se fortalecerá el rol de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que será clave para rastrear activos y debilitar la capacidad operativa de las bandas.
Contenido del proyecto
La propuesta contiene 14 artículos, tres disposiciones generales y cinco reformatorias. Estas últimas modificarán leyes clave como el Código Penal, la Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley de Lavado de Activos, el Código de la Función Judicial y normas de las Fuerzas Armadas.
También se incluyen dos disposiciones transitorias para implementar gradualmente las nuevas reglas.
¿Qué pasos siguen en el tratamiento del proyecto de ley?
El proyecto de ley fue enviado por el presidente Noboa el pasado 17 de mayo, con carácter económico urgente.
Cuando ya se tenga el informe para segundo debate, este debe ser incluido en el orden del día del Pleno, donde se decidirá la aprobación o archivo del proyecto.
Si surgen observaciones, el texto puede volver a la comisión. El Legislativo tiene hasta el 16 de junio para pronunciarse, si no lo hace, la norma entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley.
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