El número de muertes violentas de este año en la zona 8 es el más alto de la última década.
Entre enero y el 18 de abril de 2022 esta zona, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, registró 396 homicidios intencionales.
La cifra representa casi la mitad de todas las muertes que se tuvo en 2021 cuando sucedieron 688 crímenes.
Pero, además, esos 396 homicidios son muchos más que los reportados al año, entre 2012 al 2020.
El promedio de muertes en ese período fue de 280, según datos del Sistema de Gestión Policial.
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Si bien el 2021 fue uno de los años más violentos en estos tres cantones del Guayas, ese repunte significó un vuelco hacia el conflicto que hoy se vive por las disputas que mantienen bandas delictivas para controlar territorios donde se expende droga.
De ahí que las investigaciones arrojan que existe un giro en el momento de analizar el tipo de violencia. Antes la mayoría de muertes estaban relacionadas con la violencia interpersonal y ahora los casos son en mayor medida por violencia criminal.
En lo que va de este año, el 85% de homicidios han sido por acciones delictivas protagonizadas por integrantes del crimen organizado, organizaciones delincuenciales, etc.
En 307 de los 396 homicidios, las motivaciones para cometer los crímenes han sido en el contexto del microtráfico. El resto son por riñas, en medio de un robo o amenazas cumplidas.
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El comandante Víctor Zárate está al frente de la zona 8 desde febrero de este año. Ese mes, precisamente, dos hombres fueron encontrados colgados en un puente del cantón Durán.
El hecho conmocionó en el país debido al grado de violencia al que se llegó, pues esos episodios se veían tan solo en los estados de México que están en conflicto con los cárteles de la droga.
Zárate dijo en una entrevista a Ecuavisa que tienen en marcha un plan estratégico para contener la violencia. Se han desplegado los distintos servicios de la Policía tanto para investigaciones, inteligencia, servicio operativo y de reacción en las zonas donde hay hechos violentos.
El oficial cree que hace falta una gestión integral para contener la estrecha relación entre la droga y la violencia en los territorios conflictivos.
Señala que esto debe empezar por las fronteras con la finalidad de detener los ingresos de narcóticos. Pero también exigió más atención de otros órganos estatales como la Fiscalía.
Solo el 10% de los casos de este año se han resuelto y el resto se encuentra en investigaciones, dijo Zárate.
