Siete ciudades de Ecuador no tienen transporte público
Los ibarreños caminan o usan sus carros particulares, porque no hay buses urbanos. Foto: José Luis Rosales / EL COMERCIO
Ibarra, Latacunga, Cuenca, Santo Domingo, Manta, Portoviejo y Puyo restringieron totalmente el uso del transporte público urbano y taxis. Los habitantes que salen, especialmente para comprar alimentos, caminan o usan la bicicleta.
En Ibarra, ciudadanos como Luis Naula, vecino del barrio La Florida, prefieren ir en bicicleta. Ayer, 20 de marzo, acudió al mercado Amazonas para aprovisionarse de víveres. Otros van en auto, motos o caminan.
El Comité de Operaciones de Emergencia de Imbabura (COE), tras conocer el primer caso de covid-19 el jueves y un segundo ayer, aumentó los operativos a vehículos. “Circularán únicamente aquellos que posean el salvoconducto con código QR”, se señala en un comunicado oficial.
El Municipio de Ibarra también extendió las tareas de desinfección a zonas públicas: urbanas y rurales. Antes lo hicieron en el transporte público y contenedores de basura.
En Latacunga y Pastaza, los buses urbanos no dan el servicio desde el miércoles; también se sumaron los taxistas.
En Ambato, la circulación de buses y taxis es limitada. Jorge Sánchez, dirigente del Transporte Urbano, informó que las líneas de buses de baja afluencia no están activadas, pero las demás sí. Cada unidad lleva pasajeros sentados. Viajan comerciantes, amas de casa, empleados públicos y privados.
Sánchez aseguró que la fumigación a buses continúa y aumentará, tras el traslado de tres extranjeros desde Riobamba hasta el Hospital Docente Ambato, el jueves.
Una de las resoluciones del COE es la fumigación de los carros que ingresan a la provincia. Además, “para controlar que las personas no sigan saliendo de sus casas a mercados y plazas solo podrán hacerlo según el último dígito de su cédula. La medida regirá desde hoy”, dijo la gobernadora Gabriela Rodríguez.
En Azuay, Cañar y Loja, todos los servicios de transporte público están suspendidos. En el caso de Cuenca, las personas caminan o van en taxi.
Pero Mauricio Carrión camina todos los días para comprar medicamentos para su madre, que tiene leucemia y está hospitalizada. “Es complejo porque las farmacias están distantes y no siempre hay”.
El Municipio, con su Empresa de Aseo, destinó buses para recoger en las casas a los obreros de la recolección de basura.
En Santo Domingo, el Municipio prohibió la circulación de buses y taxis tras un acuerdo con el gremio. Tampoco se puede circular por los más de 10 puntos de control, que están cerrados con vallas y cintas.
José Cedeño cuenta que en su barrio los vecinos se organizaron para ayudar a los adultos mayores y personas que no tienen vehículo, para comprar alimentos. Sin embargo, eso no ha evitado la aglomeración en el mercado Municipal, tiendas de abastos y carnicerías.
En Portoviejo (Manabí), no hay buses. Los taxis pueden circular, pero con un pasajero. Los ciudadanos se movilizan en vehículos y motos. También hay personas que van en bicicletas y triciclos, pese a que están prohibidos tras la activación del Plan Centinela.
En Manta los cuidados son más extremos, porque se han registrado seis casos de covid-19. En el cantón se realizan fumigaciones en mercados y calles. Además, se limitó la circulación de personas en aceras, playas, puentes y otros.
La provincia de Esmeraldas bloqueó todos sus ingresos viales principales, según resolución del COE.
El bloqueo en cantones
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, calificó como “medidas arbitrarias” las actuaciones de “algunos alcaldes del país” que optaron por interrumpir el paso de vehículos por los caminos que conducen a sus ciudades.
“Consideran que es una opción frenar la movilización de las personas, en una intención de aislar a sus cantones”.
La Ministra dijo que habló con los burgomaestres que tomaron estas medidas para indicarles que únicamente se deben cumplir las disposiciones que emite el COE nacional. Solo así -advirtió- se puede tener una respuesta coordinada durante la emergencia sanitaria.
En un boletín del Comité se señala que los municipios de Salitre, Arenillas, Sigchos, Saquisilí, Santa Elena y Tulcán “han pretendido bloquear las vías con material pétreo y vehículos de carga pesada”.
Aunque la Ministra no habló de sanciones, el Código Penal (art. 346) sí castiga estas acciones con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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