¿Son la dubitación, el mal asesoramiento, la pésima comunicación y el débil liderazgo, motivos suficientes para cambiar a un gobierno elegido constitucionalmente, por un grupo de dirigentes violentos y conspiradores respaldado por enormes capitales, que les ha permitido financiar la movilización y la logística de miles de indígenas transportados en cientos de vehículos, bajo engaños de una dirigencia dedicada exclusivamente a preparar y dirigir sublevaciones?
Son los intereses malsanos del narcotráfico y de los políticos que quieren anular los procesos instaurados en su contra por actuaciones delictuosas en varias causas, como en el caso Sobornos o en el descubrimiento de la existencia de vínculos entre el correísmo, el narcotráfico y un asambleísta miembro del Consejo Administrativo de la Asamblea (CAE), en una trilogía que genera, como distracción, la realización de las movilizaciones impulsadas por la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (Conaie).
El objetivo de estas manifestaciones es destituir al Presidente de la República, para ir luego por la fiscal, tomarse el Cpccs y por ende la Contraloría y demás autoridades de control para ocultar jurídicamente 70 000 millones de dólares robados y, desde luego, volver por más.
La Asamblea, institución llamada a preservar la democracia, se ha erigido cómplice permanente de este afán de aniquilar la institucionalidad, al otorgar amnistía a los sancionados por los hechos del octubre del 2019, similares a los que ahora realizan los mismos delincuentes perdonados; pretende derogar el decreto de estado de excepción presentado por el Presidente de la República para frenar los ataques de los manifestantes, llenos de odio, a individuos, fábricas, plantaciones, vehículos públicos y privados. El gobierno invita a un diálogo pacificador y presenta varias propuestas reivindicadoras. El líder de los indígenas, intolerante y prepotente, no cede en su porfía. El país clama por paz y la ciudadanía capitalina está presta a defender su ciudad y su dignidad.