“La protección interna, el mantenimiento y control del orden público, la delicada situación de inseguridad no puede ser asumida solo por una institución”.
El Ecuador está sitiado por el crimen organizado y el narcotráfico. Si en el 2019 el número de muertes violentas fue de 1 187, en el 2021 esa cifra se incrementó a 2 492 casos. Como si fuese poco, en enero de este año el número de asesinatos y crímenes violentos llegó a 200. El doble del año pasado.
Aunque una de las tareas esenciales de la Policía es, de acuerdo con la Constitución y normas vigentes, la protección interna, el mantenimiento y control del orden público, la delicada situación de inseguridad no puede ser asumida solo por una institución. Es necesario el apoyo y la intervención de las Fuerzas Armadas.
Resulta por demás curioso constatar el uso progresivo de armas sofisticadas en el cometimiento de estos asesinatos. Iguales a las usadas por los carteles de droga en México.
Se argumenta que eso se da porque tenemos fronteras muy permeables. Sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta que el control de armas y de las mismas fronteras recae principalmente en las Fuerzas Armadas. Da la impresión que el ente militar estuviese encerrado en sus cuarteles, permaneciendo de espaldas a la realidad nacional y preocupados en no intervenir en aspectos que afecten a su imagen institucional.
Es cierto que la doctrina militar hace énfasis en la defensa del territorio, la soberanía y de los intereses nacionales contra amenazas preponderantemente externas, potenciales o manifiestas… Sin embargo, la doctrina de la defensa debe estar enfocada en garantizar la seguridad humana e integral. Es decir, al empleo de sus medios para que, junto a otras instancias del Estado, se pueda enfrentar el terrorismo, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la insurgencia, el tráfico de armas, epidemias/pandemias, inmigración ilegal, trata de personas, ataques a sistemas de información, etc.
Así como se requieren de normas que respalden la intervención de Fuerzas Armadas en estos nuevos escenarios, se hace prioritario que las políticas, estrategias y planes se enfoquen en estos nuevos desafíos.