Al menos dos casos graves, de tantos que se presume cometieron durante la década del gobierno anterior, reflejan la manera cómo administraron el país el déspota y los cercanos colaboradores. Nunca se imaginaron que se les iba a investigar de manera independiente.
Dejaron todo armado, de manera especial los organismos de control, para que les cubran las espaldas y tapar tantos actos que cometieron. Cuando han sido puestos al descubierto, buscan desesperadamente asilo político en Europa, sin contestar concretamente a las diversas pruebas presentadas, que les involucra en el primer caso penal por el plagio en Colombia a un opositor político y que fuera colaborador del ex presidente. Incluso llegaron a cometer torpezas como aquella de emprender el operativo secuestro precisamente para plagiarlo y traerle al país.
Quienes se acostumbraron a engañar desde el poder debieran responder –con el derecho que les asiste al debido proceso y el ejercicio de su defensa- a las pruebas contundentes documentales y testimoniales que abundan en este juicio penal. Las mentiras y la desgastada declaración de que “son perseguidos políticos” y tienen “temor a volver” (seguramente eso les dicta sus conciencias por lo que hicieron), no pueden estar sobre los cheques de fondos públicos, confirmados por Contraloría; los documentos, cartas, órdenes, testimonios, grabaciones que configuran lo que el Fiscal ha considerado que hay serias presunciones de un crimen de Estado.
Contesten por el abuso de fondos públicos para enviar policías a Colombia y con esos recursos contratar a delincuentes comunes (que están presos y con sentencia) para perpetrar el secuestro. Al ex secretario de Inteligencia, que hoy vive cómodamente en España, hay que pedirle cuentas no solo por este caso sino por tantos hechos y la compra de los equipos por varios millones de dólares, que sirvieran para establecer un sistema de espionaje integral. Si no
tuvieran nada que ver en este y otros casos, él y el autoritario debieran volver al país y dar la cara.
Pero no solo es este caso. El asesinato del ex comandante de la FAE que se opuso con valentía a la compra de los fracasados helicópteros Druhv, que no sirvieron, se cayeron y cobraron vidas. Incluso, los recursos de la garantía devuelta se gastaron en otra cosa. Otra prueba: el ex ministro de Justicia del correísmo y alcalde de Esmeraldas ha confirmado que hubo el tercer informe, que dice que él dejó y desapareció por encanto.
¿Dónde está, qué dice su contenido, quiénes ocultaron y quiénes están involucrados?
El experto perito profesional argentino que realizara el trabajo ha sido muy claro. Confirma ese tercer informe y sostiene que no fue un asesinato común. Más pruebas: llamadas telefónicas, documentos y testimonios dentro de ese documento.