Indigna la manera perversa en que se quiere desvincular de los supuestos sobornos pagados en el Ecuador por parte de la empresa brasileña Odebrecht a “un intermediario de un funcionario de Gobierno que ejercía el control sobre los contratos”, buscando otros responsables.
Primero, no se da ninguna importancia a las investigaciones que al respecto ha iniciado el Departamento de Justicia de los USA, en lugar de pedirse más información; y, segundo, el Gobierno Nacional mediante un inusual remitido de prensa publicado en El COMERCIO el 27 de diciembre no aclara nada, pero plantea la posibilidad de que el pronunciamiento de la justicia norteamericana contra el actual Gobierno, no sea más que una confabulación política con los intereses de Washington; ya que “el único contrato que tiene Odebrecht vigente en el Ecuador es con el Municipio de Quito” para la construcción del Metro.
Sorprendentemente, la misma fecha se solicita a la Contraloría General que realice dos exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas del Alcalde Rodas, incluyendo el patrimonio de su cónyuge e hijos, con lo cual esperarían desviar la atención de la ciudadanía a los contratos firmados para esta obra, liberando de responsabilidades a otros funcionarios; y, sobre todo cobrándose el apoyo político que el Alcalde estaría brindando a Guillermo Lasso, lo que le convierte automáticamente en enemigo del Gobierno lo cual, obviamente, había que cobrarse.
Como afirma Milovan Dijilas: “Nada expresa con tanta claridad, la realidad y los fines que persiguen los gobernantes, como los métodos que utilizan para alcanzarlos”.