A veces es difícil superar la mentalidad de silos ó la novelería propia del ecuatoriano promedio. Me cuesta creer que el Ecuador gaste esfuerzos políticos y diplomáticos en crear una Comisión Internacional de Expertos contra la Corrupción.
La sola idea –que visiblemente aún no está acabada- puede convertirse en una caja de pandora, de impredecibles consecuencias. Para empezar, miremos al Ecuador desde el escenario internacional, ocupando un espacio en territorio sudamericano. ¿Creemos de verdad Ecuador está en la misma situación institucional que Honduras o Guatemala? Porque las comisiones internacionales de control de la corrupción se crearon en estos países, fundamentalmente, para detener la violencia y el crimen organizado que arroja cifras de más de 80 muertos por 100 000 habitantes cada año. Así comenzó la famosa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el 2006. Su misión principal era asesor al Ministerio Público y a la Policía en métodos especiales de inteligencia policial (incluidas escuchas aprobadas por jueces y protección especial de testigos), selección de jueces y tribunales de alto impacto. Su trabajo fue encomiable los primeros años y logró reducir la violencia. En su segunda etapa se dedicó más bien a los peces gordos de la corrupción. Así, prácticamente todos los presidentes y altos funcionarios electos desde el 2000 -con excepción de Oscar Berger y Alvaro Colom, creados e impulsores de la Cicig- han sido procesados por ella. El actual presidente, Jimmy Morales, tampoco se salvó y de ahí su decisión de terminar el convenio de trabajo con la ONU. La mayoría de guatemaltecos la aprueba pero también cree que es la verdadera “dueña del país”.
De vuelta al Ecuador, es difícil entender por qué el Ecuador necesita una comisión similar cuando tiene una Comisión Nacional Anti-Corrupción de la sociedad civil. Recordemos que de allí salió el presidente transitorio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Julio César Trujillo, quien ha hecho lo posible por re-institucionalizar el sistema de justicia tras el desequilibrio ocasionado durante el correísmo. Y acaba de salir una de las mejores Cortes Constitucionales que ha tenido el Ecuador en los últimos tiempos.
Por último, ¿no estaba el gobierno tratando de atraer inversiones con acciones como el pedido de ingreso en la Alianza del Pacífico y el progresivo ingreso a la OCDE? ¿No les parece que una parte esencial para atraer inversiones, si es que no la más esencial estos días es la estabilidad jurídica del país, el imperio de la ley y una estructura jurídica estable? No se puede hacer las dos cosas a la vez y triunfar en el intento. El gobierno no puede jugar el prestigio internacional del Ecuador creando cortinas de humo, en lugar de instituciones sólidas para el largo plazo con ecuatorianos al frente de ellas.