Tres acciones se emprenderán para que estudiantes del Montúfar vuelvan a clases
Delegados de los padres de familia de los alumnos suspendidos del Colegio Montúfar y del Compina se reunieron la mañana de este miércoles 9 de marzo del 2016. Foto: Diego Puente/ EL COMERCIO
Los padres de familia del Colegio Montúfar no descansan en el proceso de exigir el derecho para que sus hijos vuelvan a las aulas. La mañana de este miércoles 9 de marzo del 2016 se realizó una rueda de prensa en la que señalaron que tomarán tres medidas, junto con instituciones de protección de adolescentes, para lograr su objetivo.
Este miércoles, los padres de los chicos suspendidos tras ser acusados de participar en protestas violentas del 15 y 16 de febrero fueron a una reunión en el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Compina), en el centro norte de Quito.
La primera medida será llevar ante un juez competente la disposición de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia que pedía a la Rectora y al Distrito de Educación Eloy Alfaro el reintegro inmediato de los chicos a clases. Desde hace 17 días ellos no pueden pisar el establecimiento educativo porque fueron suspendidos mientras se llevan adelante los procesos en su contra.
Los padres de familia no dudaron. Entablaron conversaciones con los abogados para tomar 23 medidas (22 del Montúfar y una adicional del colegio UNE) ante un juzgado de la Niñez y Adolescencia.
Esto, debido a que la Junta de Resolución de Conflictos, que suspendió a los estudiantes mientras se realiza las investigaciones, no tomó en cuenta la disposición de la Junta Metropolitana en la que pedía el retorno de los 22 jóvenes a clases.
Carla Cevallos, concejala de Quito y delegada del Alcalde ante el Compina, informó que la segunda medida será realizar mesas de trabajo entre los estudiantes sancionados, padres de familia y la Defensoría del Pueblo para que esta última entidad se entere de proceso que pesa sobre los alumnos. La edil manifestó que aquí se expondrán las supuestas vulneraciones de derechos de los adolescentes.
Como tercera medida, los padres entregarán un listado de los días en los que deben retirar y entregar las tareas que mandan los profesores del Montúfar a sus hijos. El dato será entregado a la Junta Metropolitana de Protección que acompañará en el proceso y vigilará que se cumplan todos los derechos de los adolescentes.
Los padres de familia denunciaron que se les entrega deberes cuyos temas son desconocidos por los jóvenes. También aseguran que la nivelación que se ofreció en el colegio resulta innecesaria.
Gonzalo Barba, representante de uno de los jóvenes, señaló que mientras se realizan todos estos trámites legales los adolescentes pierden horas de estudio. Además, enfatizó en que no son culpables. “En caso de que determine la justicia de que son inocentes, ¿quién paga por todo este daño?”, cuestionó.
Las madres de los chicos del Montúfar dijeron que los adolescentes las acompañan a todos los trámites legales. Precisamente este miércoles estaban uniformados en el Compina mientras sus representantes hablaban ante los medios.
El ministro de Educación, Augusto Espinosa, se refirió la mañana del miércoles al pedido que hizo la Junta Metropolitana de Protección de Derechos. “Es un desatino de la Junta porque no se está violentando ningún derecho a la educación... es adecuada la resolución de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos de hacer caso omiso de esa disposición absolutamente arbitraria. Otra vez me parece que el afán de protagonismo de determinadas instancias municipales les lleva a cometer errores tan crasos”.
La decisión del Ministro fue seguir con el proceso. “Los chicos están suspendidos. Seguirán las audiencias hasta este jueves y la próxima semana la Junta de Resolución de Conflictos establecerá las sanciones para cada uno de ellos”.
En las audiencias, los padres de familia indican que los jóvenes relatan (ellos mismo o por intermedio de un abogado) lo que sucedió el día de las manifestaciones cuando la Policía ingresó al predio educativo en donde detuvo a varios de los implicados.
En esa audiencia no se presentan pruebas (videos o fotografías) en la que se vincule a los menores de edad en actos violentos.
