31 de diciembre de 2017 00:00

Los secretos de la élite mundial, al descubierto

En el mundo son considerados paraísos fiscales 40 estados, la mayoría está en el Caribe. Foto: Ingimage

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Arturo Torres
Editor general (I)

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El mundo cambia vertiginosamente y el periodismo también. Lo que aún se resiste a cambiar es ese viejo sistema, arraigado durante décadas: el de los paraísos fiscales, esa tierra de nadie, donde se guardan cofres con secretos incómodos. Opacos.

Desde el 2013, muchos de esos secretos empezaron a conocerse a escala global por iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro, con sede en Washington.

La estrategia era clara: crear una red global de periodistas de investigación para abordar temas transnacionales, que requerían una cooperación multidisciplinaria, con un sentido de responsabilidad social por la transparencia.

Así surgió el modelo y uno de los primeros objetivos fue bucear en el fondo impenetrable de los paraísos fiscales. Inicialmente, la única forma de hacerlo fue a través de información filtrada sobre las empresas y clientes que realizaban sus operaciones en esas jurisdicciones. Es decir, datos proporcionados por ciudadanos anónimos, en algunos casos miembros de las empresas o bufetes de abogados, especializados en crear firmas ‘offshores’.

Un paraíso fiscal es un territorio o estado caracterizado por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien en el mismo.

Típicamente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de impuestos, así como el secreto bancario. En muchos casos, los paraísos fiscales son uno de los instrumentos más utilizados por las personas y empresas que practican la elusión y la evasión fiscal.

Pero hay que dejarlo claro. En general no es ilegal tener o dirigir una empresa ‘offshore’. En muchos casos existen razones legítimas para establecer una estructura de esta naturaleza. Sin embargo, expertos en transparencia recalcan la importancia de que, sobre todo, los funcionarios públicos den a conocer sus vínculos con estas entidades. En el mundo están identificados como paraísos 40 territorios, especialmente en islas del caribe.

El debate sobre la legalidad y legitimidad de las guaridas fiscales no es nuevo. Diversos organismos internacionales como la OCDE o el FAFT han investigado a fondo el tema y han logrado que muchas de estas jurisdicciones accedan a hacer ciertas concesiones en materia de información. Especialmente en lo relativo a la colaboración en el esclarecimiento de delitos graves.

Un caso reciente y cercano para Ecuador es el de Andorra. En un banco de ese país, Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad durante el gobierno de Rafael Correa -hoy preso- recibió sobornos de Odebrecht por USD 1 millón por facilitar contratos en el proyecto Toachi Pilatón, según la investigación judicial. En total, en la banca de Andorra la constructora brasileña pagó USD 200 millones en sobornos a políticos, funcionarios, empresarios y testaferros de ocho países latinoamericanos.

En Antigua y Barbuda, también paraísos fiscales, Odebrecht tenía su propio banco (Mei Bank), que operaba con tres empleados en una pequeña oficina. Desde ahí se repartían todos los pagos ilegales a otros países, pero nunca a las naciones de origen del beneficiario.

Este caso, que ha sacudido a la comunidad internacional, no es aislado. Eso precisamente se evidenció en las sucesivas investigaciones publicadas por el ICIJ: Secret for Sale, Panama Papers y Paradise Papers. Cientos de políticos, funcionarios, estrellas del espectáculo, deportistas, príncipes y reyes de todos los continentes aparecen en las historias con sus empresas, propiedades y fortunas trasladadas desde sus países a paraísos fiscales, con el fin de evadir tributos o esconder transacciones ilegales.

¿Por qué son tan buscados? Los paraísos ofrecen de manera sistemática un espacio en el que la responsabilidad es casi nula, reflexionan los periodistas alemanes Frederik Obermaier y Bastian Obermayer en su libro ‘Panamá Papers, el club mundial de los evasores fiscales’. Cuando los investigadores descubren una red de empresas pantalla que se extiende por cinco, 10 o 30 paraísos fiscales, las autoridades se enfrentan a la misión casi imposible de demostrarlo jurídicamente, mediante una cadena de pruebas.

En el Ecuador, este esquema de ocultamiento fue empleado por Fabricio Correa, hermano del expresidente. En Panamá, otro refugio fiscal, creó dos empresas que aparecían como las propietarias de compañías que recibieron contratos y subcontratos por unos USD 500 millones. Así, tendió un velo societario que impedía identificarlo como el beneficiario de las contrataciones. Su nombre no aparecía por ninguna parte y solo salió a la luz cuando los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita lo denunciaron en Diario Expreso.

Precisamente, la magnitud y las consecuencias de las operaciones en las guaridas fiscales se han conocido estos tres últimos años gracias a la tarea minuciosa y sistemática del ICIJ, con el apoyo de más de 400 periodistas. Es un ejercicio inédito, histórico, pues nunca antes medios y reporteros de todo el planeta se habían puesto de acuerdo para publicar investigaciones que en conjunto muestran una práctica sistemática, un patrón nocivo para el interés público.

Esta cooperación también reformuló el viejo paradigma del periodista de investigación, que trata de resolverentuertos de corrupción en solitario. Impuso la lógica del periodismo colaborativo, con apoyo de expertos informáticos y desarrolladores tecnológicos, para construir complejas plataformas de búsqueda capaces de procesar millones de datos.

Este año que termina las revelaciones de Paradise Papers visibilizaron nuevamente los negocios turbios en las decenas de miles de firmas‘offshore’ empleadas por mafias, carteles de la droga, políticos y empresarios influyentes, actores y cantantes.

Gracias a las revelaciones, varios países debaten reformas legales para frenar la evasión fiscal y el conflicto de intereses de los funcionarios gubernamentales. En nuestro país seaprobó la Ley de Paraísos Fiscales, que prohíbe ejercer cargos públicos a funcionarios y dignatarios de elección popular que tengan bienes en paraísos fiscales.

Hacia adelante lo que los expertos en el tema vaticinan es la creación de un sistema automático de información sobre cuentas bancarias que funcionaría en todo el mundo, con la cooperación de autoridades e investigadores.

Es más, los periodistas alemanes que recibieron la filtración con los datos del bufete Mossack Fonseca proponen la creación de un registro transparente de empresas a nivel mundial, en el que tendrían que registrarse los nombres de los propietarios reales de empresas y fundaciones.

Más allá de las decisiones que la comunidad internacional tome en este sentido, los paraísos fiscales dejaron de ser el cielo en la tierra para muchos evasores; hoy ellos saben que sus actividades no son del todo secretas. Impunes.

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