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Ambiente liderará debate para nueva ley de recursos hídricos

Imagen referencial. Debido a las fuertes precipitaciones el servicio de agua potable se ve obligado a suspenderlo en algunas zonas de Guayaquil. Foto: Pixabay

El Gobierno de Guillermo Lasso convocó a la ciudadanía y a la sociedad civil a participar en la elaboración de la nueva Ley de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, en cumplimiento de una reciente sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la norma vigente. 

A través de un comunicado, emitido este miércoles 9 de marzo de 2022, se informó que será el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica quien lidere este proceso para consensuar un proyecto de ley que deberá ser remitido a la Asamblea para su debate y aprobación. 

«Para los ecuatorianos el agua es un derecho, patrimonio natural y eje estratégico para el desarrollo sostenible del país. Consecuentes con ello, iniciamos junto con la ciudadanía, la elaboración de la nueva ley que garantice el acceso justo, equitativo, permanente público o comunitario y universal al agua», dijo la cartera de Estado. 

Esta acción se deriva de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) del 12 de enero de 2022 que declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su reglamento al considerar fundada una demanda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). 

El Ministerio aclaró, sin embargo, que dicha ley, que está vigente desde el 2014, continuará vigente hasta que se apruebe la nueva, conforme lo determina la sentencia

La cartera indicó que como autoridad única del agua respetará la sentencia de la CC. Y anticipó que se dará especial énfasis al siguiente orden en el uso y aprovechamiento del agua: consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria y caudales ecológicos; sin dejar de lado los demás enfoques y necesidades que surjan desde los diferentes sectores. 

El fallo de la Corte da un año al Gobierno y a la Asamblea para redactar un nuevo texto y someterlo a una efectiva consulta entre las comunidades indígenas antes de aprobarlo y promulgarlo. 

El Ministerio de Ambiente enfatizó que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso garantiza el respeto a lo establecido en el artículo 318 de la Constitución que prohíbe cualquier forma de privatización del agua.