El gobierno presentó a la Corte Constitucional las ocho preguntas sobre enmiendas constitucionales que se propone consultar al electorado. Lo primero que destaca es la ausencia de preguntas económicas.
Algo que debía preguntarse era la reforma laboral. Normas de contratación comunes en otros países están prohibidas en el Ecuador. La reforma laboral hubiera interesado al electorado más que cualquiera de las preguntas incluidas y hubiera generado debate acalorado.
Por lo controvertido de la reforma laboral, lo correcto es aprobarla por consulta. No cabe hacerlo por vía legislativa el día que haya una estrecha mayoría. Es de suponer que el gobierno realizó sondeos de opinión para calibrar el apoyo de la reforma laboral, y si no la incluye entre las enmiendas, sería porque el sondeo no resultó favorable. Se pierde la oportunidad para una reforma trascendente.
Entre las ocho se destacan las dos preguntas sobre la seguridad, que merecen ser aprobadas. Pero corren peligro de no ser admitidas por la Corte Constitucional, por su inclinación a priorizar los derechos de los presuntos delincuentes, aunque sean notorios narcotraficantes, por sobre el derecho de la ciudadanía a ser protegida.
Hay pronunciamientos contrarios a que Presidente y Asamblea compartan el nombramiento de los titulares de las funciones de control. Pero siempre fue así hasta la conformación del Consejo de Participación, invento del correísmo que es centro de pugnas políticas y escándalos.
Las dos reformas políticas no lograrían mejorar la calidad de los legisladores. Hay otros mecanismos más eficaces, como la elección de asambleístas en la segunda vuelta y la descalificación des candidatos de las listas que no alcancen el 5% de la votación.
La pregunta sobre mayores restricciones a la minería es innecesaria. Abona a crear la falsa impresión que la actual legislación no es adecuada, y favorece una imagen negativa de la minería formal. El problema es la minería ilegal, a la que se le despejaría el camino.