La decisión del gobierno ecuatoriano de poner fin al asilo arbitrariamente otorgado a Assange por Correa tomó por sorpresa a la mayoría.
La llegada de Assange a la misión diplomática ecuatoriana fue el resultado de una negociación conducida por el ministro Patiño, quien consideró que, al conceder asilo al hacker que había “revelado los secretos del imperio” podría, como contraparte, usar la importante caja de resonancia de WikiLeaks para su lucha ideológica a favor del socialismo del siglo XXI.
Correa determinó que Assange era un perseguido político, a pesar de que la acción judicial, en Suecia, se refería a delitos sexuales y, en Gran Bretaña, a violación de la libertad condicional. Patiño argumentó que la vida del asilado corría peligro puesto que, al ser extraditado, se le aplicaría la pena de muerte, hipótesis teórica carente de fundamento: no existía causa judicial alguna contra Assange en los Estados Unidos y, además, la práctica europea en la materia prohíbe la extradición de una persona a un país en el que el delito perseguido sea castigado con pena de muerte. Esta doctrina europea, así como el compromiso de respetarla, han sido confirmados por escrito por el gobierno británico.
Durante su permanencia en la Embajada, irrespetando sus obligaciones, Assange impuso su voluntad, tomó decisiones de política internacional, usó a un servicial funcionario para organizar el viaje de Snowden desde Hong Kong a Moscú, intervino en la política interna y exterior de otros países, ofendió la dignidad del Ecuador, sus autoridades y su pueblo. Correa y sus cancilleres se lo permitieron con beneplácito. María Fernanda Espinosa le obsequió la nacionalidad ecuatoriana y le nombró diplomático en Londres, con el propósito de trasladarlo luego a Rusia para que coopere con el Kremlin en la ejecución de sus planes ligados a las rivalidades con el mundo occidental.
El canciller Valencia tuvo el acierto de expedir un “protocolo” para reglar la conducta del asilado. Assange recurrió tanto a la justicia ecuatoriana como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para oponerse a dicha regulación. Sus recursos judiciales no tuvieron éxito.
El Ecuador no podía seguir prolongando esta situación ofensiva para el país y contraria a los legítimos intereses nacionales. Su gobierno se resolvió a tomar la decisión que la ciudadanía esperaba. La Asamblea Nacional saludó con aplausos la presencia del canciller Valencia y aceptó con beneplácito la detallada y elocuente explicación que presentara.
No han faltado las críticas, factura política que era inevitable. Pero hay momentos que exigen decisiones firmes y claras. El correismo ha multiplicado por cien sus habituales insultos y ofensas, pero el Ecuador honesto se ha unido para aplaudir al Presidente y a su Canciller.