El diálogo telefónico recientemente revelado, entre el Contralor prófugo de la justicia y el Presidente de la Asamblea, ha producido una reacción de horror en la ciudadanía.
Durante el gobierno de Correa, sus abusos y arbitrariedades fueron disimulados mediante una estructura de poder vertical y una propaganda que presentaba obras para demostrar dinamismo y eficiencia. “El Ecuador ya ha cambiado”, se decía como corolario de esa propaganda.
Poco a poco fueron descubriéndose las incorrecciones de un gobierno que creía legítimo y legal todo cuanto favorecía a los designios de la revolución. Quienes denunciaban la corrupción eran perseguidos y encarcelados. La ley mordaza funcionaba a cabalidad, aplicada por serviles colaboradores de la voluntad suprema. El caso Odebrecht permitió descubrir, gracias a la investigación hecha en otros países, la trama de la corrupción en el Ecuador. Pero un tufo de sospecha flotaba como nube venenosa por encima de todo intento de aclarar el panorama.
El advenimiento de Moreno al poder suscitó la esperanza de que una “cirugía mayor” ponga fin a esta delincuencia organizada. Pero contralores y fiscales comprometidos sembraron escepticismo y dudas sobre la real voluntad de dar vigencia a la justicia. La cirugía mayor se ha hecho esperar.
En este ambiente contaminado, el afrentoso diálogo entre Pólit y Serrano ha estremecido al país. Oír el sospechoso lenguaje que usan para concertar la caída del fiscal, cuya falta de seriedad para “cumplir lo pactado” critican, es moralmente doloroso; preguntar “a quién se debe ahora” es escandaloso; insinuar su influencia perniciosa en el poder electoral suscita ira, amargura, vergüenza.
La corrupción que campeaba durante el régimen anterior parece haber sobrepasado, de lejos, todo precedente en la historia ecuatoriana. El país tiene razones para desconfiar de la política, de sus líderes, de sus instituciones. Se resiste a creer lo que ve, piensa que presenciamos una “guerra de mafias” y no sabe cómo actuar para corregir tanta inmundicia. Y en el centro de todo este panorama de corrupción se levanta la figura de quien, cuando presidente, controlaba hasta el más mínimo de los detalles de sus proyectos y, como ex presidente, aduce no haber sabido nada sobre lo que ocurrió bajo sus narices.
La más estricta justicia debe empezar de inmediato, no solo con culpables secundarios sino con todos los actores de este drama que a los ecuatorianos nos produce vergüenza y repulsión. El Consejo Provisional de Participación Ciudadana se presenta como el último asidero para recuperar la salud de la nación. Su responsabilidad es enorme, como lo es también la del presidente Moreno quien debe aplicar hoy, no mañana, la ofrecida cirugía mayor, con firmeza y sin “ternura”.