Basta viajar por las carreteras del país, por las que se constata una interesante obra física y de mantenimiento, para mirar la abundante propaganda oficial, pagada con dineros públicos. Este no es el primer Gobierno que lo hace. Muchos gobiernos del pasado también se vanagloriaron con inmensos carteles de las obras cuya ejecución es una obligación y mandato legal.
Cuando la ‘partidocracia’ lo hacía, los críticos abundaban. Hoy lo hace la Revolución Ciudadana y el Régimen reclama su derecho a exhibir publicitariamente sus logros, en carteles no exentos de mensajes políticos.
El problema es que se acerca una campaña electoral que arranca el 4 de enero y el país está inundado de inmensas vallas propagandísticas que seguramente inducen a crear una imagen positiva, un inconsciente colectivo que puede inducir al voto. Esta condición no genera reglas del juego claras y equitativas. Mientras cada binomio presidencial contará con USD 700 000 para promocionar sus candidaturas, el Gobierno tendrá ese innegable respaldo millonario que hace que la campaña no se desarrolle en términos de condiciones iguales para todos.
Los pronunciamientos tibios de la autoridad electoral, su cuestionada independencia y su poca eficacia para imponer sus condiciones al Gobierno empañan el juego democrático. Una campaña con vallas que exaltan al poder no es el mejor escenario para propiciar el voto libre en el país.