La trama urdida para intentar decirLE al país que se cumplía con el mandato de la Constitución en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, terminó revelando, en el último día hábil del año, la fuerza del Ejecutivo y la concentración de poderes denunciada.
Ya están nombrados los representantes del Presidente para asumir esas delicadas tareas de control: Superintendente de Bancos, tras el enojoso episodio de fricciones y amenazas de juicio político a la exsuperintendenta con el nombramiento de Pedro Solines. Además se ratificó al Superintendente de Telecomunicaciones, probados en su fidelidad al Presidente en el engorroso episodio de la clausura temporal de Teleamazonas impuesta en diciembre de 2009.
El Consejo analiza las impugnaciones presentadas en contra de la postulación de Suad Manssur, a la Superintendencia de Compañías. En la audiencia fue notoria la presencia del asesor jurídico de la Presidencia de la República Alexis Mera cuando el veedor ciudadano argumentaba que se advertía la presión del Ejecutivo.
Lo que queda claro es que el nuevo poder, que en principio surgió como una demanda ciudadana, ha probado que puede caer en la dependencia de las decisiones del Presidente.
Las demandas de cambios y de la formulación de una ruptura con el equilibrio clásico de los tres poderes ha evidenciado sus flaquezas y los tiempos asumidos para el proceso de transición muestran que la formulación de cambios institucionales puede ser tan formal como inútil.
Promover una reforma, vestirla de ropaje revolucionario, venderla al país como un cambio de época no justifica fabricar un poder cooptado donde la influencia del Presidente anule las potestades que alentaron su filosofía.