La relación con el Banco Mundial se estrecha

El acuerdo de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros seis multilaterales avanza en dos frentes. Los primeros desembolsos, de un paquete de USD 10 200 millones para tres años, empezarán a llegar en las próximas semanas de la mano del FMI y del Banco Mundial.

El Directorio del FMI se reunirá el próximo lunes para decidir sobre el acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con Ecuador, que viabilizará el desembolso de USD 4 200 millones para los próximos tres años.

Lo anterior permitirá acceder a mayores recursos de otros multilaterales como el Banco Mundial. De hecho, en la reunión del miércoles pasado entre el Presidente de la República y el Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina se ratificó un crédito hasta el 2021 por USD 1 700 millones, casi tres veces el monto al que hubiera accedido el país si no firmaba el acuerdo con el FMI. La mayor parte de los recursos, cerca del 60%, llegará este año.

La cifra puede aumentar en el futuro, pues el Banco Mundial también financia otros proyectos públicos y privados que actualmente no forman parte del paquete de ayuda.

Por ahora, de los cuatro pilares que contiene el Plan Prosperidad, el Banco Mundial pondrá énfasis en los programas de protección social, para los cuales prevé aprobar dos operaciones de crédito por USD 350 millones en los próximos dos meses.

En la actualidad, el país tiene 10 proyectos activos con el Banco Mundial, por USD 1 422 millones. Los principales están relacionados con el Metro de Quito y un proyecto de aguas residuales de Guayaquil.

El acceso a los recursos ofrecidos, sea por el FMI o los otros seis multilaterales, está sujeto al cumplimiento de varios objetivos, entre ellos un ajuste fiscal que implicará una reducción del tamaño del Estado, lo cual pasa por un recorte de personal, que ya empezó la semana pasada.

En el corto plazo, estas medidas reducen el crecimiento económico y afectan a algunas personas de bajos ingresos. Para reducir su impacto es necesario aplicar medidas que protejan a la población más vulnerable.