Cuando se expidió el largo texto constitucional, se dijo con frecuencia que lo animaba una concepción garantista, una manera de entender los derechos colectivos e individuales que servía como paraguas al marco conceptual de la Carta Magna, pero también como guía de conducta de funcionarios y magistrados.
Tres años y nueve meses después de su publicación en el Registro Oficial (20 de octubre del 2008) la Constitución muestra debilidades para su aplicación, los agentes políticos no la observan con rigor y ya se empieza a hablar de reformas. La tradición jurídico-política del Ecuador muestra que el país, que ha tenido hasta 20 constituciones, que empezó a escribir antes de su nacimiento como República (la Constitución quiteña de 1812), y que además escribió alguna que nunca entró en vigor, no tiene dificultad alguna para enfrascarse en la escritura de textos legales y constitucionales, algunos de ellos largos y farragosos. Y que la sociedad tampoco se hace problema si de reformas a leyes y constituciones se trata.
Lo curioso es que se trata de la Constitución que el Régimen nos dijo que duraría ‘300 años’, que parecía infalible y que era una hoja de ruta para cambiar al país. Talvez, como no se ha logrado el objetivo prometido, ahora resulta más fácil cambiar de nuevo la Constitución.
Ahora molesta al discurso oficial el ‘hipergarantismo’. Parece que el derecho de protección que ensayan algunos jueces dificulta los planes de gobernabilidad.
Está claro además que el garantismo de los discursos del pasado choca también con el pragmatismo de una visión punitiva exagerada, con imposición de excesivas normas de control y castigo, como las que plantea el proyecto del nuevo Código Penal Integral.