EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
Para estos días se anuncia la presentación del plan integral de seguridad, que contempla entre sus principales capítulos la reforma del sistema judicial y la de las instituciones relacionadas con la seguridad. Es llamativa la inclusión de la gestión de riesgos como parte de los cambios propuestos.
Hace pocos días se conocieron algunos detalles sobre las reformas dirigidas a la Policía, para la cual se plantea un enfoque comunitario y técnico y con cambios en su estructura, en especial para alivianar su “militarización”.
Es bueno que el Gobierno haya dado este paso de una vez por todas, después de minimizar en los primeros años el impacto de la violencia y la inseguridad para la sociedad ecuatoriana, y después de haber dirigido sus esfuerzos a grandes inversiones encaminadas básicamente a reforzar el papel punitivo de las fuerzas del orden.
Después de los vergonzosos acontecimientos del 30 de septiembre, que giraron en torno a unas mal comunicadas reformas laborales para la Fuerza Pública, se ha hecho énfasis en la necesidad de reforzar el trabajo técnico de la Policía Judicial y de afrontar el problema de la seguridad como un asunto global y de muchas aristas.
A un año de aquellos sucesos, los cambios empiezan a concretarse. Cabe esperar que en esta ocasión se tengan en cuenta aspectos tan importantes como la prevención del delito y la necesidad de una investigación técnica, pero que también cuente con los recursos necesarios para que no sean las víctimas las que tengan que subvencionar las pesquisas, lo cual los desalienta y aumenta la impunidad.
Otros aspectos no menos importantes son el sistema de rehabilitación del delincuente, así como la necesidad de que se discuta a fondo sobre la existencia de la Policía privada que surgió cuando el Estado abandonó su papel.
