Un grupo de representantes de la sociedad civil ha hecho un llamado para que el Gobierno corrija el error sobre la tenencia y el porte de armas.
Si de las instituciones del Estado viene un mensaje de violencia, desde la organización social se debe impulsar una cultura de paz. No hay otro camino, aunque suene inocente, pero es la única lucha que sí se debe dar. Ya hubo, ventajosamente, voces de reclamo frente a la decisión del presidente Guillermo Lasso sobre el porte y la tenencia de armas de uso civil. El Mandatario, mediante Decreto Ejecutivo 707 (del 1 de abril de 2023), anunció la medida urgente -para mitigar la inseguridad que se registra en el país- y “frente al enemigo en común que tiene Ecuador que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”.
Una de las frases que quizás debe analizar el Gobierno es la que salió de la Universidad de Cuenca: “Que asuma (Lasso) su deber de formular verdaderas políticas públicas para la prevención de la violencia”. Y es lo más cercano a un llamado de atención sensato. La violencia solo puede traer más violencia, en un momento en el que la sociedad ha dado muestras de poca paciencia.
La misma clase política está obviando los espacios de diálogo para resolver los problemas y solo se apela a la confrontación. En los entornos sociales, en los debates virtuales, se siente el poco ánimo por resolver conflictos de una manera pacífica. La sociedad no ha madurado para generar oportunidades de encuentro para la búsqueda de soluciones; los conflictos no se resuelven. Y cuando no hay el marco institucional, se apela a la descalificación, el insulto y hasta la ley de la selva. Eso ocurre en cualquier esfera de la sociedad. Todo está impregnado porque el Estado no es un ejemplo ni ha dado las herramientas para garantizar una convivencia adecuada.
Ni el Ejecutivo ni la propia Asamblea han buscado políticas de corto, mediano y largo plazos para garantizar la seguridad. El Decreto 707 es una salida que no corresponde a una solución estructural a largo plazo; todo lo contrario. En el imaginario, la respuesta institucional da señales de que el control público se escapó de las manos. ¿Qué futuro se puede esperar para las nuevas generaciones, si ni el presente se puede garantizar?
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