Cuando el 14 de julio se produjo la primera víctima mortal por intoxicación por la ingesta de alcohol metílico, nadie podía imaginar que la crisis continuara un mes y medio después.
Ya suman 48 los ecuatorianos fallecidos, la mayoría de origen humilde, y las autoridades han tomado una serie de medidas de distinto corte que, sin embargo, han desnudado la impotencia oficial.
Primero hubo un decreto de ley seca a nivel nacional. Luego se focalizó la prohibición de consumo de licor en zonas donde se habían producido los casos de intoxicación.
El despliegue de operativos de la Fuerza Pública; la requisa de miles de litros de alcohol metílico e incluso su vertido a las aguas de los ríos sin mayor cuidado en el aspecto ambiental, y las advertencias de las autoridades, no fueron suficientes para detener el consumo y no han evitado la cadena de víctimas mortales, aparte de cientos de personas atendidas en casas de salud con síntomas de ceguera y severo malestar.
Se alerta sobre 17 marcas en las que se detectó el mortal alcohol y se llama a suspender su consumo. Una de las últimas e imaginativas salidas oficiales ha sido el anuncio de la compra de los licores. Más allá del costo que demanda al Estado, esta táctica no supera el problema, pues puede alentar la oportunista acción de inescrupulosos que podrían embotellar cualquier líquido para aprovecharse.
Los datos periodísticos dan cuenta de una acción lenta del aparato de comunicación del Régimen -tan ágil en cambio para atacar a adversarios políticos o cuestionar a los medios críticos-, que debiera volcarse con todo su potencial hacia campañas cívicas indispensables. Estas serían bien vistas por toda la comunidad y pudieran evitar más muertes.