La tarea de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional ha sido una suerte de asignatura pendiente. En eso, como en pocas ocasiones, coinciden ahora de alguna manera el oficialismo y la oposición.
El propio bloque de Alianza País (AP) acaba de ofrecer una evidencia de que las actividades de control político desde el Legislativo han sido postergadas.
El miércoles, la bancada gobiernista, que es mayoría, decidió delinear un nuevo esquema de fiscalización. De esa manera, intenta salir al paso de las acusaciones de los opositores, que hablan de una cuasi inacción en esta materia. No obstante, ayer hubo muestras de que existe disenso en AP alrededor de los mecanismos y órganos fiscalizadores.
Por el momento, está prevista la comparecencia de cuatro funcionarios, entre ellos, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, y el fiscal general, Galo Chiriboga.
El reciente percance del cuarto de los siete helicópteros Dhruv adquiridos a la empresa india HAL ha servido de revulsivo para que en el Parlamento se hable de la necesidad de reanudar la acción fiscalizadora. Un giro que se saluda, puesto que alrededor del caso también planean otros. Uno de ellos, por ejemplo, se refiere a la demora en la presentación del informe sobre la muerte del general Jorge Gabela, quien criticó la adquisición de las siete aeronaves.
La reanudación de una acción fiscalizadora más efectiva por parte de la Asamblea, pese a las diferencias que pudiesen haber en el oficialismo, es una necesidad impostergable.