Una nota publicada el sábado por este Diario, en su versión ‘online’, daba cuenta de los resultados de un estudio realizado en Perú sobre los efectos de la malnutrición en la economía de ese país. Según el reporte de la agencia EFE, el análisis cuantificaba una pérdida de USD 10 500 millones, equivalente al 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, generada para esa nación por la desnutrición infantil crónica, así como el sobrepeso y la obesidad en los niños.
El cálculo apunta a que las carencias alimenticias, en el primer caso, y los malos hábitos, en los otros dos, repercuten en un bajo rendimiento escolar, baja productividad y alza de inversión en atenciones en salud.
¿El dato debe dejarnos indiferentes? ¿Debemos pensar que son estadísticas de otro país? Pues no. La semana pasada, la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) alertó que América Latina y el Caribe retrocedieron 20 años, por el covid y la guerra en Ucrania, en la lucha contra el hambre. Y que el 15,4% de los ecuatorianos tiene problemas de malnutrición.
¿Cuánto afecta esto al desarrollo del país? Sin duda muchísimo, aunque no tengamos una cuantificación de aquello. Un niño que va a la escuela sin desayunar o que desayuna mal, y cuyo organismo como estrategia de ahorro de energía ante la escasez de nutrientes a los que tiene acceso lo hace dormir durante las clases, difícilmente aprovechará los conocimientos que se le imparten.
Los bajos resultados de las pruebas Ser Estudiante 2021 reflejan en parte esta realidad. Asimismo, los problemas cardíacos ocuparon ese año el primer lugar de las causas de muerte en el país; la diabetes, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares entraron, también, en la parte alta de ese escalafón.
Por ello, urge actuar para reducir, por una parte, los efectos del hambre que afectan a niños y adultos de las zonas rurales más que nada. Y, además, mejorar la alimentación de la población cuya base, actualmente y en gran medida, son carbohidratos y alimentos ultraprocesados. Y no se trata de una tarea exclusiva del Estado. El futuro del Ecuador así lo exige.