La salida de Simón Cueva es la pérdida más relevante que se oficializó en el Gabinete de Guillermo Lasso. Y lo es por dos factores principales. El primero es que su gestión se centró en ordenar las cuentas macroeconómicas del país y el segundo es que la principal fortaleza del Mandatario -por su perfil y trayectoria personal- es la economía.
En el primer semestre de este año, la recaudación tributaria se incrementó en USD 1 361 millones con relación al mismo período del 2021. A más de una leve reactivación productiva, se sumó la reforma tributaria que está vigente desde noviembre pasado.
El exministro Cueva redujo los gastos con la intención de mermar el déficit fiscal, que fue una de las ofertas de campaña de Lasso. Bajó de una previsión inicial de USD 3 800 millones en enero de 2021 a USD 3 117 millones en mayo pasado y las estimaciones eran cerrar el 2022 con USD 2 300 millones.
Sin embargo, esa misma fortaleza se tornó la mayor debilidad que minó el capital político de esta administración. Ecuador tiene en su memoria de corto plazo que cualquier incremento en los precios del petróleo debe traducirse en una mayor inversión pública. Y Cueva hizo lo contrario. Entre enero y junio solo transfirió el 39% de lo presupuestado para salud y el 36% para educación. La red vial nacional está en malas condiciones por el invierno y la falta de recursos. El exministro de Transporte Marcelo Cabrera publicó ayer sobre la falta de asignaciones.
Si a esa extrema austeridad se suman los efectos que arrastra el país por la pandemia del covid-19 y que afectan directamente a la generación de empleo, la ciudadanía acumuló una imagen negativa. Ahora, lo importante para el Ejecutivo es escoger su nueva ruta económica, que le permita recuperar su imagen para evitar un mayor desgaste, pero que no interfiera con los acuerdos que ha logrado con los organismos multilaterales.
La austeridad se relajará para canalizar los recursos a la inversión, porque el sector privado -ahora- no puede ser el único motor de la economía. El Gobierno requiere brindar impulsos fiscales para generar empleo y con ello reducir la tensión social.