Los hechos en torno al Fondo de Cesantía del Magisterio, la toma por la fuerza de las instalaciones en Ibarra, la detención de nada menos que un vocal del Consejo de Participación Ciudadana marcaron la semana nacional.
Además, el esperado conocimiento público del contenido de las auditorías no se concretó. El Presidente del IESS no lo permeó a la ciudadanía y el Gobierno da como un hecho consumado el traspaso de los siete fondos al Biess.
En septiembre se aprobó la ley para que estos fondos de jubilación y ahorro pasen a control del Banco del IESS. El oficialismo argumentó que así debía ser por cuanto en los fondos había cierta cantidad de aporte estatal.
Para determinar esta aseveración se contrató auditorías privadas cuyo informe se ofreció para el 19 de mayo. Los resultados no se conocieron y en esas condiciones se intenta dar por cerrado el caso. La Contraloría tendría algo que decir, igual que el Ministerio de Finanzas.
Tras la irrupción con fuerzas policiales en varias ciudades, antes, la semana que termina trajo la toma de las oficinas del Fondo del Magisterio. En Ibarra se produjo el arresto de varios maestros y del consejero David Rosero, con fuero de Corte por ser delegado de una institución creada por este Gobierno: el Consejo de Participación Ciudadana. Él denuncia haber sido maltratado. Un juez de la Corte Nacional de Justicia le dictó medidas cautelares. Algo preocupante.
La polémica no se cierra. Los dueños de los fondos sienten malestar.