Protestas en varias ciudades del país rodean el juicio que se sigue en la isla Santa Cruz en contra de los tripulantes del barco Fu Yuan Yu Leng 999, hallado en la Reserva Marina de Galápagos. La acusación que maneja la Fiscalía es delito ambiental, mientras que el Parque Nacional Galápagos presentó una acusación particular por ecocidio.
El barco fue capturado por la Armada el 13 de agosto y se hallaron en sus bodegas especies protegidas como el tiburón martillo. La nave forma parte de una enorme flota china que pesca en aguas internacionales. Se trata de industrias flotantes que procesan la pesca para enviarla directamente a los mercados.
Se habla de una demanda de Ecuador por una cifra exorbitante -USD 36 800 millones- a la propietaria del barco, porque se ha calculado el impacto ambiental a largo plazo, pero hay que esperar la finalización del juicio, que por sus implicaciones se ha calificado ‘del siglo’, para dimensionar la sentencia final.
A nadie escapa que se trata de un problema para el Ecuador y para el mundo. De hecho, contabilizando el nuestro, 12 países han tenido litigios con flotas chinas de esas características, y en algunos casos se han tomado medidas severas.
En el juicio no está en juego solamente la defensa del ecosistema ecuatoriano. El frágil equilibrio en un planeta que atraviesa innumerables problemas ambientales es responsabilidad de todos. El caso de la pesca masiva rebasa un problema jurisdiccional y debiera tener un análisis y una respuesta globales.