El anuncio presidencial de eliminar el subsidio al gas en el 2016, y sustituir ese combustible por electricidad en los hogares, pone una dosis de realismo al manejo de las finanzas públicas.
El Ecuador importa la mayor parte del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y destina anualmente más de USD 700 millones para sostener un precio nacional de USD 1,6 para el tanque de 15 kilos, que en Perú bordea los USD 20 y en Colombia los USD 26.
La eliminación del subsidio, de alta sensibilidad política, requiere que entren a operar las hidroeléctricas que están construyéndose, y que las cocinas a gas sean reemplazadas por cocinas eléctricas de inducción.
Esta tecnología tiene un mayor rendimiento y está precedida de un plan piloto realizado hace tres años en Carchi, provincia en la cual el Gobierno entregó 6 400 cocinas. Es precisamente en las fronteras en donde el problema del abastecimiento del gas genera graves problemas, por los precios reales en los países vecinos.
Un cálculo inicial menciona que se necesitarían más de tres millones de cocinas eléctricas para reemplazar a las que funcionan a gas, lo cual motiva que los usuarios empiecen a prepararse para un eventual cambio.
Otros sectores involucrados, como los importadores, los fabricantes y los constructores, también empiezan a tomar decisiones, a la espera de que el anuncio sea lo suficientemente sólido y no genere falsas expectativas.