Los esfuerzos para atacar la corrupción avanzan lentamente

Los avances en la lucha contra la corrupción no dejan de ser insuficientes en un Ecuador que arrastra una crisis económica agravada por la emergencia sanitaria. Por años se ha anhelado que la justicia y las entidades relacionadas con el combate de este mal ahonden sus esfuerzos en esta tarea, pero es lamentable ver que los progresos son limitados y los casos más sonados llegan desde afuera. Hace cinco días, el Embajador de EE.UU. nuevamente encendió la alarma de que continuarán con la eliminación de visas de ecuatorianos envueltos en hechos irregulares. Habló de “centenas”.


El ‘Índice de Percepción de la Corrupción de 2021’, que se conoció hace poco, reveló que la calificación del país es de 36 sobre 100, posicionándolo en el puesto 105 de 180. En vez de mejorar empeoró (respecto de 2020) al caer 13 posiciones.  


Una entidad clave de la que se esperaba más, desde su creación en 2010, ha sido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Tiene denuncias presentadas en Fiscalía -otra entidad abarrotada de casos- que siguen en investigaciones; entre sus involucrados hay gente prófuga o no se ha logrado recuperar lo robado. Esto último a cargo de la Procuraduría, que también continúa en procesos sin mayor resultado. Si tomamos en cuenta las cifras del Gobierno, la corrupción ha costado al país USD 70 000 millones en 14 años. ¿Cuánto de esto se ha devuelto? 


La situación es aún más preocupante cuando se tienen autoridades de control cuestionadas, como la Superintendenta de Bancos, un exsuperintendente de Compañías, que terminó en destitución. No menos alarmante es la falta de Contralor titular, tras la salida de dos por casos de corrupción y un subrogante, que también ha recibido cuestionamientos desde la Asamblea. Se espera que, con la próxima puesta en marcha de una unidad y tribunal especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, que lleva adelante el Consejo de la Judicatura, se contribuya en esta lucha. El desafío de la Presidencia es bajar la percepción de corrupción al puesto 50, para 2025; pero sin una actitud decisiva de los funcionarios seguirá siendo una deuda pendiente.