LA CONSULTA POSTERGA LO FUNDAMENTAL
La compleja trama de la consulta y el referendo que persigue Rafael Correa entraña problemas. No soluciona el tema de la seguridad, concentra el poder del Ejecutivo y dilata el proceso de transición y cambios en la justicia por dos años más.
El Presidente se dedicará a la campaña en los próximos meses. Mientras la cosecha de votos para obtener el favor popular continúa, se postergan las soluciones urgentes que clama el pueblo ante la terrible situación de inseguridad pública, el acoso de la delincuencia y del crimen organizado y la total incapacidad institucional para atender al más grave problema de la sociedad.
Si las preguntas formuladas para referendo pasan el tamiz de dudosa independencia de la Corte Constitucional, el proceso de renovación de la justicia corre el riesgo de prolongarse al menos por dos años. Haciendo cuentas, hasta que se aprueben las formalidades y se convoque a las urnas, hasta contar los votos y proclamar los resultados habrá pasado más de medio año, y de allí 18 meses para aplicar las reformas .
Mientras todo eso ocurre, el poder de los servidores judiciales se perpetúa y la transición institucional se alarga por conveniencia política. Cuatro años sin hacer los cambios es una verguenza para una sociedad que demanda seguridad jurídica, jueces probos y de calidad y, sobre todo, independencia entre las funciones.
Este aspecto además puede sufrir severas interferencias del Poder Ejecutivo, cuya égida se ciñe sobre la reforma y el proceso de cambios de magistrados y operadores de justicia. ¿Y la reestructuración policial?
Todo conduce a pensar en un factor más de una campaña eterna para concentrar poder. El pueblo espera por seguridad, la gran deuda pendiente de la revolución ‘ciudadana’.
