El Ministerio de Energía y Minas dijo no. Repsol no puede traspasar la operación de los campos de extracción de los bloques 16 y 67 que explota en la selva del Oriente ecuatoriano.
Repsol succiona del subsuelo cada día 18 297 barriles, una parte importante del conjunto de la extracción petrolera en el Ecuador.
La firma, además, es accionista del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), un grupo de empresas privadas que se constituyó para construir esa gran obra, el segundo ducto que transporta petróleo desde los campos orientales hasta Esmeraldas.
Para su construcción, que fue la más grande obra de inversión en la historia hasta ese momento, solo superada después por el proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, hubo un debate ambiental con bemoles.
Ni bien el OCP empezó a transportar crudo, ese petróleo pesado dejó de llevarse por el Sote -de propiedad estatal-. Mejoró el precio de
modo sustancial.
Por diversos factores, las empresas que hicieron la primera inversión dejaron el Consorcio y los accionistas cambiaron. New Stratus Energy, que pretendió operar los campos de Repsol, busca una opción de ser accionista de OCP. El Estado lo estudia y se reserva el derecho de aprobarlo o no.
El Ministerio de Energía tiene la potestad legal, que además se estipula en este tipo de contratos, de aprobar o negar traspasos de esta naturaleza.
New Stratus Energy tiene operaciones en Colombia, pero acumulaba un déficit de 18 millones de dólares canadienses, justificados por sus ejecutivos, porque se trata de una empresa en formación. Sus activos no pueden responder frente al monto operativo y de inversiones.
El petróleo, por mandato constitucional, como todo lo que subyace bajo el suelo, es de propiedad del pueblo ecuatoriano representado en el Estado. Las normas son claras.
Un aspecto clave de este tipo de operaciones es que se hacen en territorios vulnerables, en zonas de poblaciones aisladas y no contactadas y santuarios naturales que hay que preservar. Una operación allí es delicada y hay que observarla con lupa.