En mayo escribí rebosante de optimismo. El Gobierno había pasado una fuertísima reforma tributaria y el precio del crudo ecuatoriano trepó a USD 100 el barril. Ya no habría déficit del sector público (que incluye Petroecuador y el IESS) e iba por buen camino la eliminación del déficit presupuestario hacia 2025. El Ecuador era el lucero que atraía las miradas de los inversionistas, ahuyentados por Maduro, Petro, Castillo y Boric. Pero en junio se da el doble intento de golpe de Estado, del correísmo en la Asamblea con hackeo de la votación de los opuestos a la destitución presidencial, y de Iza en las calles.
La conspiración sigue, aunque cocinándose a fuego lento. Iza impone su agenda económica al gobierno en las mesas de negociación y el correísmo avanza en su designio de apoderarse de la Asamblea, luego de los otros órganos del Estado y por último anular, y si es posible destituir, al Presidente.
Ese escenario lo han leído bien en el mercado financiero internacional. Los inversionistas se deshacen de los bonos ecuatorianos. Temen que Guillermo Lasso no termine su mandato. O alternativamente, que en el próximo período presidencial para cuando tenga que retomarse el pago de la deuda reestructurada, al gobierno lo mangonee bien sea Correa o Iza, y la posibilidad sería alta de una nueva moratoria. Por lo que se dispara el riesgo país. Con lo que se le complica el 2023 al gobierno nacional.
El acuerdo con el FMI expira este año y ya no dará apoyo financiero en 2023. Habrá déficit fiscal, aunque decreciente, y además hay que sustituir créditos que se vencen. El gobierno pensaba colocar bonos. Pero con el riesgo país en más de 1 300 puntos, sería insensato endeudarse. El gobierno se proponía pagarle lo atrasado al IESS, aumentar el gasto social y arrancar con obras públicas. Pero no tendrá plata. Le tocará apretarse en cinturón.
Con ello los golpistas lograrían su objetivo de frenar la recuperación económica y debilitar aúnmás al gobierno. El dogal se aprieta.