Este año vino lo más duro del ajuste fiscal. Pero gracias a Leonidas Iza y la Corte Constitucional, todo lo que se hizo fue en vano.
Lenin Moreno adoptó un programa de ajuste que el Fondo Monetario apoyó con abundante financiamiento. Moreno redujo la inversión pública y elevó el precio de los combustibles. Guillermo Lasso continuó el programa elevando fuertemente los impuestos.
Para efectos prácticos el programa de ajuste se completó el miércoles. A fines de este año el Fondo debe revisar los avances a agosto 31, y desembolsar el resto del crédito comprometido. El Fondo ya nos prestó todo nuestro cupo y no habrá un nuevo acuerdo.
Con lo que se ha hecho, a lo que se suma el buen precio del petróleo, el gobierno terminaría el año con un déficit presupuestario de 2% del PIB y el sector público no financiero, que incluye a Petroecuador y al IESS entre otros, tendría superávit. Con un avance tan significativo en el ajuste fiscal, el gobierno podría recurrir a nuevo endeudamiento en bonos para 2023.
Pero ante la exigencia de la Conaie, el gobierno detuvo el alza de los precios de los combustibles, después los redujo y se aprestaría a una nueva reducción focalizada. El gobierno negocia con la Conaie para ver a qué cargas fiscales adicionales se compromete.
Paralelamente, la Corte Constitucional rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por el presidente de una ley que aumentó sustantivamente el sueldo de los maestros. Si la Asamblea quería subir el sueldo del magisterio debió, por ejemplo, elevar el IVA. Pero no aprobó ningún financiamiento, lo que es inconstitucional. La Corte se lavó las manos.
Todo lo anterior deteriora fuertemente la situación fiscal, y el mercado financiero internacional reacciona elevando el riesgo país en 900 puntos, tornando todo crédito en prohibitivo. Cuando venga 2023 el gobierno tendrá gastos que no tiene como cubrir, y no podrá financiar el déficit con bonos.
Los tres años de sacrificios no han bastado. Tendrá que continuar el ajuste fiscal.