En el caso Assange, hay que distinguir claramente dos hechos:
a) El memorandum enviado por Gran Bretaña al Ecuador, en el que afirma que, según su legislación, podría intervenir en la Embajada ecuatoriana para detener a Assange. Esta “información” -versión inglesa- o “amenaza” -versión Patiño- resulta inaceptable y, si llegara a concretarse -cosa que dudo- violaría claros principios del derecho internacional que protegen la inviolabilidad de los recintos diplomáticos.
b) El asilo concedido a Assange. Hemos visto, con sorpresa y desagrado, cómo el gobierno “compró pleito ajeno” desde el momento en que Assange hizo públicos los wikileaks, cometiendo un acto ilegal, cargado de implicaciones políticas. El vicecanciller del Ecuador -comedido y presuroso- ofreció residencia “incondicional” a Assange, considerando probablemente que, si las revelaciones perjudicaban al “imperio”, su autor debía ser considerado amigo de la revolución ciudadana. Correa suscribió la tesis de que la ilegalidad de los wikileaks favorecía “la libertad de información”. Posteriormente, saludó el ingreso de Assange al “club de los perseguidos”. Con tales antecedentes, Assange se refugió en la Embajada y solicitó el asilo que obviamente le sería acordado. Así, Correa enfrenta a la justicia sueca que pidió la extradición de Assange y a la británica que accedió a ese pedido. Patiño ha criticado dura y superficialmente a ambas.
Las convenciones vigentes reconocen que el estado al que se solicita el asilo tiene la facultad de calificar la naturaleza del delito y la urgencia del caso. Pero no se trata de una calificación arbitraria. La Corte de La Haya dictaminó que “el asilo no puede entenderse como una protección contra la aplicación regular de las leyes y jurisdicción de los tribunales legalmente constituidos” ni “puede sustraer al asilado de la acción de la justicia”.
Patiño arguyó que el Ecuador busca promover los derechos humanos, obligación “erga omnes” que tiene el carácter de “jus cogens”. Ojalá, con sindéresis, el gobierno inaugure el respeto a los derechos y dignidad de los ecuatorianos y ponga fin a sus ataques a la libertad de informar y ser informados. Evitaría así las merecidas críticas nacionales e internacionales que le han sido dirigidas, entre otras, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Motivado por su ideología socialista, Correa ha otorgado un discutible asilo que solo podrá terminar mediante un improbable acuerdo entre las partes o un recurso judicial, largo y costoso, ante un árbitro o la Corte Internacional.
Mientras tanto, las relaciones con Gran Bretaña serán afectadas, consideración que sería secundaria si con la protección a Assange se estuvieran defendiendo los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano.